La sentencia del Segundo Tribunal Ambiental obliga a reabrir puntos específicos del proyecto C20+ y deja una señal para otros permisos mineros: el uso del borde costero y los impactos marinos ya no son materias accesorias.
- La segunda lectura: no cayó todo el proyecto, pero sí su zona más sensible
- El maritorio entra al centro de la evaluación minera
- Lo que el Tribunal cuestionó en el medio marino
- Consulta indígena: participación ciudadana no basta
- Por qué importa para Collahuasi
- Datos clave
- El efecto para otros proyectos mineros
- Qué observará la industria
El fallo que anuló la aprobación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” tiene una lectura más profunda que el revés judicial de una iniciativa de US$3.200 millones. El punto crítico no es solo que el permiso quede sin efecto, sino que el Tribunal ordenó rehacer el análisis en dos áreas sensibles para la minería del norte: medio humano y medio marino.
Según el Segundo Tribunal Ambiental, la evaluación deberá retrotraerse para elaborar un nuevo ICSARA, incorporando observaciones sobre la línea de base del medio humano, el uso del maritorio en Punta Patache y Puerto Collahuasi, y los impactos asociados a la planta desaladora.
La segunda lectura: no cayó todo el proyecto, pero sí su zona más sensible
El Tribunal precisó que se mantienen vigentes los aspectos de la evaluación ambiental que fueron validados y aquellos que no fueron objeto de controversia. Eso es relevante: la sentencia no equivale a un rechazo total del proyecto, sino a una invalidación focalizada en materias que el fallo considera insuficientemente fundamentadas.
La diferencia es clave para la industria. Collahuasi no queda ante una hoja en blanco, pero sí ante una exigencia compleja: demostrar con mayor respaldo técnico y jurídico cómo el proyecto interactúa con comunidades indígenas costeras y con el ecosistema marino asociado a la captación y descarga de agua de mar.
El proyecto, conocido por la compañía como C20+, considera una planta desaladora de 1.050 litros por segundo, un sistema de impulsión y obras eléctricas para transportar agua desde el sector de Patache hasta la faena ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Tarapacá.
El maritorio entra al centro de la evaluación minera
Uno de los elementos más relevantes del fallo es que obliga a considerar de forma específica el uso del maritorio en Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi por parte de asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya.
Esto instala una discusión que va más allá de Collahuasi. En el norte de Chile, las grandes mineras están acelerando proyectos de desalación para reducir el uso de agua continental. Pero esa transición desplaza parte del conflicto ambiental desde las cuencas interiores hacia la costa: captación de agua, descarga de salmuera, obras marítimas, tránsito portuario, pesca artesanal, áreas de uso tradicional y comunidades indígenas litorales.
La sentencia muestra que la desalación ya no puede evaluarse solo como una solución hídrica para la minería: también debe abordarse como una intervención territorial costera.
Lo que el Tribunal cuestionó en el medio marino
El fallo ordena revisar observaciones vinculadas a la verificabilidad de la velocidad de succión de agua de mar, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino y el alcance del plan de vigilancia ambiental de la planta desaladora.
El punto más sensible es temporal. El Tribunal observó que el plan de vigilancia ambiental del medio marino contemplaba solo los primeros cinco años de operación, mientras que la plena operación de la planta desaladora comenzaría desde el octavo año en adelante.
Ese detalle puede transformarse en referencia para otros proyectos: si una obra minera o hídrica alcanza su mayor carga operacional después del periodo monitoreado, la autoridad deberá justificar mejor cómo se controlarán sus efectos en el mediano y largo plazo.
Consulta indígena: participación ciudadana no basta
En el componente humano, el Tribunal concluyó que las asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya no fueron adecuadamente caracterizadas durante la evaluación ambiental. También sostuvo que los antecedentes disponibles no eran suficientes para descartar una eventual afectación directa.
El fallo además recordó una distinción relevante: la participación ciudadana no reemplaza la consulta indígena. Son mecanismos distintos, con estándares diferentes, especialmente cuando existen grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas dentro del área de influencia del proyecto.
Por eso, el SEA deberá realizar reuniones previas conforme al artículo 86 del Reglamento del SEIA, recopilar nuevos antecedentes y evaluar si corresponde abrir un proceso de consulta indígena. Ese paso puede incidir directamente en los plazos del proyecto y en la forma en que se reordena la tramitación ambiental.
Por qué importa para Collahuasi
Collahuasi es uno de los activos cupríferos más relevantes de Chile. De acuerdo con el Consejo Minero, la compañía produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, opera en la comuna de Pica y tiene como accionistas a Anglo American plc, Glencore y Japan Collahuasi Resources.
El proyecto C20+ es estratégico porque apunta a sostener la continuidad operacional por dos décadas y reducir el uso de agua continental mediante agua desalada. En una industria presionada por menores leyes, restricciones hídricas y mayor escrutinio ambiental, esa combinación —continuidad productiva más transición hídrica— es justamente la que define la próxima etapa de la gran minería chilena.
La señal para Collahuasi es clara: la licencia ambiental del crecimiento no dependerá solo de la ingeniería minera, sino también de la calidad de la línea de base social y del respaldo técnico de los impactos costeros.
Datos clave
- Empresa: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
- Proyecto: Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva, conocido como C20+.
- Inversión informada: US$3.200 millones.
- Región: Tarapacá.
- Obras relevantes: planta desaladora, sistema de impulsión de agua, adecuación eléctrica y obras asociadas a continuidad operacional.
- Capacidad de desalación informada por la compañía: 1.050 litros por segundo.
- Decisión judicial: anulación de la RCA favorable y retrotracción de la evaluación para nuevo análisis en medio humano y medio marino.
- Materias críticas: maritorio, comunidades indígenas, succión de agua de mar, descarga hipersalina y plan de vigilancia ambiental.
El efecto para otros proyectos mineros
La sentencia llega en un momento en que Chile necesita destrabar inversión minera para sostener su posición en cobre, pero también enfrenta una evaluación ambiental cada vez más exigente en agua, borde costero, biodiversidad y relacionamiento comunitario.
El caso Collahuasi puede convertirse en una referencia para proyectos que incluyan desaladoras, ductos, terminales portuarios o infraestructura costera. La nueva vara no parece estar solo en declarar impactos, sino en probar que fueron correctamente caracterizados, ponderados y monitoreados durante toda la vida operacional relevante.
Qué observará la industria
El próximo hito será cómo el SEA reordena el proceso y qué antecedentes adicionales deberá presentar Collahuasi para responder al fallo. La pregunta central no será únicamente cuánto se retrasa el proyecto, sino si la compañía logra cerrar técnicamente los flancos que abrió la sentencia: medio humano, maritorio y medio marino.
Para la minería chilena, el mensaje es práctico: los proyectos de continuidad operacional seguirán siendo necesarios para sostener producción, pero su tramitación dependerá cada vez más de una evaluación robusta del territorio completo, desde la alta cordillera hasta la costa.
