Redes sociales quedaron en el centro del debate político europeo luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que España prohibirá el acceso a estas plataformas a menores de 16 años y avanzará en la persecución legal —incluida la vía penal— contra empresas tecnológicas que no retiren contenidos de odio o ilegales. Las medidas serán aprobadas la próxima semana por el Consejo de Ministros y forman parte de una ofensiva regulatoria que busca reforzar la soberanía digital del país.
El anuncio fue realizado durante la intervención del mandatario en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Dubái, donde sostuvo que los menores están hoy expuestos a un entorno digital “de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación” en el que no deberían navegar solos. En ese contexto, el Ejecutivo español obligará a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad y desarrollará un mecanismo de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” del odio en línea, con el objetivo de generar evidencia que respalde sanciones económicas y legales.
Según explicó Sánchez, la difusión de odio en redes debe tener un coste “legal, económico y ético” que las empresas tecnológicas ya no podrán ignorar. Para ello, el Gobierno involucrará a la Fiscalía en la investigación de posibles infracciones cometidas por compañías como TikTok, Instagram, Facebook y X, así como en el uso de herramientas de inteligencia artificial asociadas a estas redes.
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Uno de los puntos más sensibles del anuncio es la intención de hacer responsables legales directos a los ejecutivos de las plataformas. El presidente afirmó que los consejeros delegados podrían enfrentar responsabilidad penal si no eliminan contenidos ilegales o de odio, y adelantó que la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de este tipo de material serán consideradas conductas perseguibles por la justicia. “Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutral”, enfatizó.
Sánchez describió a las redes sociales como un “estado fallido”, donde se ignoran las leyes y se toleran delitos, la desinformación prevalece sobre la verdad y millones de usuarios sufren ataques de odio. En ese marco, apuntó directamente a Elon Musk, propietario de X, a quien acusó de amplificar desinformación sobre decisiones soberanas del Gobierno español, en particular en materia migratoria, y de permitir la generación de contenidos ilegales mediante inteligencia artificial.
El jefe del Ejecutivo también criticó a Instagram por prácticas de vigilancia sobre usuarios de Android y a Facebook por su rol en campañas de desinformación durante procesos electorales. A su juicio, estos casos son solo una muestra de abusos que se repiten diariamente en el ecosistema digital.
Finalmente, Sánchez anunció que España ha formado una alianza con otros cinco países europeos —una coalición de los “digitalmente dispuestos”— para impulsar una regulación más estricta, rápida y coordinada a nivel continental. “No podemos tenerles miedo a empresas más ricas que muchos países. Nuestra determinación es mayor que su riqueza”, concluyó.
