Mediante el uso de inteligencia artificial, la investigación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad procesó 1.336 Resoluciones de Calificación Ambiental de proyectos de minería y energía aprobados entre 2015 y 2024. Si en 2015 un proyecto de inversión enfrentaba 90 obligaciones en promedio, en 2024 la cifra llegó a 250, casi triplicándose.
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En momentos en que la reforma al sistema de permisos sectoriales que sacó adelante el gobierno en el Congreso finalmente entró en vigencia, un profundo estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) abordó el otro ámbito de la llamada “permisología, revelando un fuerte aumento de la carga regulatoria ambiental para los proyectos de inversión durante la última década, en dos sectores estratégicos de la economía chilena: minería y energía.
Así, mediante el uso de la inteligencia artificial, se analizaron más de 1.300 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para proyectos mineros y energéticos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024, lo que representa el 62% del monto total de inversión aprobado en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y el 37% del total de las iniciativas autorizadas en el período.
Según la investigación, si en 2015 un proyecto de inversión enfrentaba 90 obligaciones ambientales en promedio, en 2024 la cifra llegó a 250, lo que representa un aumento de la carga regulatoria ambiental de 176% en 10 años, casi triplicándose. En algunos sectores, incluso, se detectaron hasta 267 obligaciones, de acuerdo al estudio. “Este fenómeno se observa de manera transversal en minería, generación y transmisión eléctrica, y se manifiesta en distintas dimensiones que permiten comprender cómo crece y se complejiza la carga regulatoria ambiental en Chile”, sostiene el CNEP en su análisis.
“Este ejercicio constituye el primer esfuerzo sistemático de cuantificación de la carga regulatoria ambiental en Chile. Los resultados entregan evidencia objetiva y trazable sobre cómo ha evolucionado la regulación que pesa sobre los proyectos de inversión y muestran el potencial de nuevas tecnologías para apoyar el análisis regulatorio”, complementa la investigación.
El texto final será dado a conocer este miércoles 1 de octubre en el seminario “Regulación ambiental en Chile, ¿Qué dice la evidencia para potenciar la inversión?”, organizado por el CNEP y por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
“Este estudio reafirma la misión de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad: entregar evidencia sólida y transparente para la elaboración de políticas públicas que fortalezcan la calidad regulatoria. Nuestro propósito es mejorar la productividad y, con ello, impulsar el crecimiento y la inversión, siempre con la convicción que estos avances deben ir acompañados de sostenibilidad, de modo que Chile avance hacia un desarrollo equilibrado y de largo plazo”, sostuvo el presidente del CNEP y exvicepresidente del Banco Central, Pablo García.
En esta oportunidad el CNEP desarrolló y entrenó un modelo de Inteligencia Artificial Generativa (IA Gen) para procesar las RCA, documentos que concentran todas las obligaciones ambientales de un proyecto pero que, por su extensión y heterogeneidad, habían sido muy complejos de analizar de manera sistemática.
El modelo permitió procesar 1.336 RCA en 10 años, extrayendo más de 220.000 obligaciones fiscalizables, organizadas en una base auditable y comparable. “La CNEP no solo diagnosticó la evolución de la carga regulatoria, sino que creó un modelo de IA propio y dejó instalada una infraestructura de datos abierta, inédita en el país, que aporta transparencia y evidencia para investigadores, empresas, tomadores de decisión y ciudadanía”, destacó el organismo.
Rodrigo Krell, secretario ejecutivo del CNEP, profundiza el análisis. “Este es el primer estudio de la CNEP en que aplicamos inteligencia artificial para analizar la regulación ambiental. Junto con el valor de haber sistematizado y procesado información que antes era inabordable, este ejercicio dejó instaladas capacidades y conocimiento en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, fortaleciendo el trabajo de su equipo técnico. Todo ello fue posible gracias al apoyo crucial del profesor Gabriel Weintraub, de la Universidad de Stanford, cuya colaboración permitió llevar adelante una innovación inédita en nuestro país para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia”, detalló el economista.
La mayor carga regulatoria
Según el estudio, el crecimiento de la carga regulatoria fue transversal a todos los sectores productivos analizados, siendo más alto en minería y más moderado en generación y transmisión eléctrica. Mientras generación eléctrica pasó de 104 obligaciones en 2015 a 268 en 2024 (aumento de 158 %), el sector minero lo hizo de 50 a 173 (aumento de 246 %). La transmisión eléctrica, a su vez, pasó de 92 a 237 (aumento de 158 %).
La investigación también detectó mayor carga en proyectos pequeños, pero transversal en todos los tamaños. Mientras las iniciativas menores a US$10 millones pasaron de 62 obligaciones en 2015 a 200 en 204 (aumento de 223%), las mayores a US$100 millones transitaron de 138 obligaciones en 2015 a 301 en 2024 (aumento de 118%). “Hoy la carga regulatoria se homogeneizó en niveles altos para todos, pero el salto proporcional fue mayor en los proyectos pequeños”, explica el CNEP.
“Este aumento es transversal a todos los sectores analizados y todos los tamaños de proyectos. Ello implica que la carga regulatoria de un proyecto pequeño en 2024 es equivalente a la que se aplicaba a uno grande en 2015”, añade Cristián Romero, director jurídico del CNEP.
Respecto al origen la carga regulatoria, el estudio del organismo revela que, en promedio, 60% de las obligaciones remite a normas legales y reglamentarias determinadas y 40% no señala expresamente una normativa asociada. “Esta distinción importa: cuando la RCA aplica normas generales al caso concreto, surgen obligaciones relativamente homogéneas entre distintos tipos de proyectos; cuando impone obligaciones que no surgen de una regulación determinada, adapta, pero también introduce mayor diversidad entre las obligaciones de distintos proyectos. El desafío no se agota en la cantidad de obligaciones, pues demasiada variación encarece el cumplimiento y debilita la comparabilidad interproyectos. El peso relativo de los compromisos ambientales voluntarios en relación al resto de las obligaciones, aumenta en el tiempo”, plantea el estudio.
“Detrás del aumento del número de obligaciones de carácter ambiental no está necesariamente un mayor volumen de normativa. De hecho, el estudio muestra que han aumentado los compromisos voluntarios y las condiciones impuestas caso a caso. Esto es un ejemplo de un fenómeno que existe en otros ámbitos distintos del ambiental: la regulación cobra una vida propia a medida que varían los criterios con que se aplican las normas. Con el tiempo, la regulación realmente aplicada puede alejarse del objetivo inicial y expandirse más allá de sus límites originales”, añade Rodrigo Krell.
Otro hallazgo relevante de la investigación se centra en el ministerio de origen de cada normativa mencionada. Los ministerios de Salud y de Medio Ambiente concentran 60% de las obligaciones con fuente identificada y están presentes en la gran mayoría de las RCA. Este patrón es consistente con los componentes predominantes: residuos y sustancias peligrosas, y emisiones, indica el CNEP.
