Una intervención multisectorial encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental permitió constatar la existencia de socavones y posibles riesgos ambientales en la comunidad de Putca, reforzando el debate sobre control, legalidad y protección de ecosistemas frágiles en la sierra sur del Perú.
La fiscalización ambiental vuelve a situarse en el centro del debate minero en zonas altoandinas con presencia de actividades extractivas informales. Bajo esa premisa, autoridades del Ministerio Público, junto a organismos técnicos y policiales, desplegaron una inspección en terreno que busca determinar eventuales infracciones a la normativa vigente.
La diligencia fue liderada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Distrito Fiscal de Ayacucho, en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMH) y la Policía Nacional del Perú. A la inspección se sumaron representantes de la Defensoría del Pueblo y del Frente de Defensa de Huanta, en una señal de coordinación institucional frente a posibles riesgos ambientales.
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Socavones y observaciones técnicas
La intervención se realizó en la comunidad de Putca, ubicada en el distrito de Chaca, provincia de Huanta. Durante el recorrido, el equipo técnico verificó un primer socavón de aproximadamente 1,80 por 1,50 metros, emplazado a más de 4.290 metros sobre el nivel del mar, donde se evidenciaban labores mineras en curso. El personal especializado ingresó a la bocamina para levantar registros fotográficos y antecedentes técnicos.
Posteriormente, las autoridades inspeccionaron el área de explotación, detectando la presencia de una desmontera situada a cerca de 30 metros del riachuelo Putca. Según las observaciones preliminares de la DREMH, esta cercanía podría representar un riesgo ambiental, especialmente en un ecosistema altoandino sensible a la alteración de suelos y cursos de agua.
La fiscalización continuó con la revisión de un segundo socavón, cuyo presunto responsable estuvo presente durante la diligencia, y culminó en el sector conocido como Minería Joselito FC, donde se identificó una tercera bocamina.
Informe y eventuales responsabilidades
Todos los antecedentes recabados serán incorporados en un informe oficial que permitirá evaluar la existencia de infracciones administrativas o ambientales, y determinar eventuales responsabilidades penales. Desde la FEMA se enfatizó que este tipo de intervenciones busca prevenir daños irreversibles y reforzar el cumplimiento de la legislación minera y ambiental.
En un contexto donde la presión por recursos y empleo convive con la necesidad de resguardar el entorno, la actuación de las autoridades en Putca reabre el debate sobre fiscalización efectiva, minería informal y protección de territorios altoandinos, confirmando que la supervisión en terreno seguirá siendo un eje clave de la política ambiental en regiones con actividad extractiva.
