La modificación al Reglamento de Seguridad Minera incorpora además 18 mecanismos basados en declaraciones juradas. Su entrada en vigencia dependerá de la toma de razón del organismo contralor.
El Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República una modificación al Reglamento de Seguridad Minera que reorganiza 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas, con el objetivo de reducir trámites, entregar mayor certeza regulatoria y facilitar el desarrollo de inversiones en el sector.
La medida fue presentada este lunes 3 de agosto en Iquique por el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la Cuenta Pública de la cartera, actividad en la que también participó el subsecretario de Minería, Álvaro González.
El cambio reglamentario busca adecuar la regulación minera a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Sin embargo, su ingreso a Contraloría no implica que las nuevas disposiciones hayan comenzado a operar. El texto deberá completar el proceso de toma de razón antes de entrar en vigencia.
La propuesta concentra procedimientos que actualmente se tramitan como autorizaciones independientes y crea mecanismos alternativos para determinadas materias. Las llamadas técnicas habilitantes alternativas permitirán acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos mediante declaraciones juradas, sin eliminar la responsabilidad del titular ni las facultades posteriores de fiscalización.
De 55 autorizaciones a un sistema de 13 permisos
La principal modificación consiste en ordenar 55 autorizaciones sectoriales asociadas a la actividad minera dentro de 13 permisos. El Ejecutivo espera que esta reorganización reduzca duplicidades, uniformice criterios y entregue mayor claridad a las empresas sobre los antecedentes necesarios para tramitar proyectos, instalaciones y modificaciones operacionales.
En la práctica, la minería chilena enfrenta procedimientos distribuidos entre distintos organismos, además de exigencias ambientales, territoriales, sanitarias, energéticas, hídricas y de seguridad. La acumulación de revisiones puede extender los cronogramas de construcción incluso después de obtenida una resolución de calificación ambiental favorable.
El cambio al Reglamento de Seguridad Minera apunta específicamente a los procedimientos sectoriales vinculados con la autoridad minera. No reemplaza la evaluación ambiental, las concesiones, los derechos de agua ni otros permisos que correspondan a cada iniciativa.
Tampoco supone una rebaja automática de los estándares técnicos. El desafío estará en simplificar los procesos administrativos sin debilitar los controles sobre estabilidad física, diseño de instalaciones, manejo de riesgos, depósitos de residuos, faenas subterráneas, plantas y condiciones de operación.
La efectividad de la reforma dependerá de la redacción definitiva tomada de razón, de los instructivos que acompañen su aplicación y de la capacidad institucional para revisar declaraciones, fiscalizar el cumplimiento y resolver oportunamente las solicitudes que requieran evaluación previa.
Declaraciones juradas y fiscalización posterior
Las 18 técnicas habilitantes alternativas representan uno de los componentes más relevantes del nuevo esquema. Estos mecanismos permiten sustituir determinadas autorizaciones previas por declaraciones juradas del titular cuando se cumplan las condiciones establecidas en la regulación.
El modelo traslada parte del control desde una revisión anticipada hacia una fiscalización posterior. Esto puede acortar los tiempos administrativos para actuaciones estandarizadas o de menor complejidad, pero también exige información trazable, criterios técnicos definidos y capacidad efectiva para detectar incumplimientos.
Para las compañías, el sistema implica una responsabilidad directa sobre la veracidad de los antecedentes entregados. Una declaración jurada no elimina las obligaciones de seguridad ni protege al titular frente a sanciones cuando la información presentada sea incorrecta o las obras no se ajusten a la normativa.
La industria observará especialmente cuáles serán los procedimientos que podrán operar bajo esta modalidad, qué requisitos deberán acreditar los titulares y qué diferencias existirán entre proyectos nuevos, ampliaciones de faenas existentes y modificaciones menores de instalaciones.
También será relevante la aplicación para la pequeña y mediana minería. Estos segmentos suelen enfrentar mayores dificultades para financiar estudios, preparar expedientes técnicos y sostener procesos administrativos prolongados. Una tramitación más clara podría reducir costos, aunque su resultado dependerá de que los nuevos requisitos sean proporcionales a la escala y riesgo de cada operación.
El Gobierno vincula permisos con inversión minera
La reforma forma parte del plan minero 2026-2030 presentado por la administración durante la Cuenta Pública. La agenda considera mejorar las condiciones para invertir y entregar certeza jurídica, modernizar la regulación para disminuir tiempos de tramitación y fortalecer la institucionalidad sectorial.
El Ejecutivo busca responder así a una de las principales preocupaciones de compañías, asociaciones gremiales y proveedores: la extensión y falta de coordinación de los procesos necesarios para construir o ampliar operaciones.
Durante los primeros 120 días de Gobierno ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 15 proyectos mineros por un monto conjunto de US$24.000 millones. La cifra refleja una cartera relevante, pero el ingreso ambiental constituye solo una etapa dentro del ciclo de aprobación y no garantiza que todos los proyectos avancen hasta la construcción.
Una iniciativa minera de gran escala requiere superar la evaluación ambiental, obtener permisos sectoriales, asegurar infraestructura eléctrica e hídrica, completar ingeniería, cerrar financiamiento y mantener condiciones económicas que justifiquen la inversión. Por ello, las reformas administrativas pueden contribuir a mejorar los plazos, aunque no resuelven por sí solas los factores técnicos, territoriales o financieros que condicionan cada proyecto.
Cambios paralelos al Reglamento del SEIA
La agenda regulatoria también contempla modificaciones al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La propuesta elaborada con participación del Ministerio del Medio Ambiente fue publicada el 31 de julio y permanecerá en consulta pública hasta el 11 de septiembre, antes de ser enviada a Contraloría.
El proceso busca modernizar los criterios de ingreso al SEIA y entregar mayor claridad sobre las modificaciones de proyectos que deben someterse a evaluación. Para la minería, esta definición es especialmente sensible debido a que las faenas suelen desarrollarse por etapas y requieren ajustes durante una vida útil que puede extenderse por varias décadas.
Cambios en capacidad de procesamiento, botaderos, depósitos de relaves, sistemas de transporte, infraestructura hídrica o suministro eléctrico pueden abrir nuevas discusiones sobre la necesidad de presentar una declaración, un estudio o una consulta de pertinencia.
La coordinación entre la reforma ambiental y el nuevo Reglamento de Seguridad Minera será determinante. Una simplificación efectiva requiere que los organismos compartan criterios y eviten solicitar antecedentes equivalentes mediante procedimientos separados.
Patentes mineras entre las prioridades legislativas
El Gobierno también mantiene en tramitación el proyecto que modifica el régimen de patentes mineras. La iniciativa se encuentra en segundo trámite legislativo y figura entre las prioridades anunciadas para el segundo semestre de 2026 y 2027.
La propuesta apunta a simplificar el sistema aplicable a las concesiones y generar condiciones que incentiven la exploración y la producción, especialmente entre pequeños y medianos operadores.
Este debate se relaciona con la disponibilidad de propiedad minera para nuevos programas de exploración, la capacidad de los titulares para mantener sus concesiones y los costos asociados a pertenencias que todavía no alcanzan una etapa productiva.
El efecto conjunto de estas medidas dependerá de su aprobación definitiva y de la forma en que sean implementadas. Para inversionistas y operadores, la señal será positiva en la medida en que se traduzca en procedimientos predecibles, plazos verificables y criterios uniformes.
La toma de razón de Contraloría será ahora el siguiente paso para la modificación al Reglamento de Seguridad Minera. Solo después de esa revisión se conocerá el texto definitivo que regulará la reducción de autorizaciones y el funcionamiento de las nuevas técnicas habilitantes alternativas.
