La reciente promulgación de la ley de almacenamiento y electromovilidad, y la discusión de la iniciativa de fomento a las energías renovables son algunos de los hitos que han marcado los dos meses del ministro Diego Pardow en la cartera de Energía.
Más allá de situaciones como los vertimientos y la alerta de dos firmas renovables por la cadena de pagos, recalca que se evidenciaba cuando asumió que el sector necesitaba señales claras de hacia dónde iría la política energética. “En dos meses, mi percepción, es que eso se ha conseguido revertir y mostrar una dinámica de trabajo conjunto y de retomar este tipo de cambios normativos”, reflexiona.
Sin embargo, la misión por estos días es participar en la COP 27 en Egipto. Este martes -adelanta- harán un anuncio relevante en materia de hidrógeno verde en medio de la expectación de los diversos actores mundiales por el despegue de esta industria en Chile.
Pese a las dificultades y lo complejo que está la coyuntura en el mundo en materia de energía, anuncia: “Mantendremos todos los objetivos que se plantearon en la estrategia nacional de hidrógeno verde presentada en el gobierno anterior. Lo que buscamos con este Plan de Acción 2023-2030 no es solo tener un objetivo en términos de gigas generados o millones de dólares levantados en capital, sino que entregarle una bajada específica a dichas metas, avanzar en acuerdos y acciones concretas en armonía con las personas, las regiones y el medio ambiente”.
Por ejemplo, están trabajando en la metodología para estimar un objetivo de empleos industriales generados a nivel local y emprendimientos con encadenamientos productivos. Para eso, crearán un espacio amplio de participación, un consejo consultivo y un comité de alto nivel de asesoramiento estratégico que le entregue viabilidad al desarrollo de una industria del hidrógeno verde en Chile.
Pardow advierte que tienen que revisar el cómo se van a llegar a esas metas porque “la estrategia de hidrógeno verde vigente no ofrece ningún desarrollo respecto de cómo se va a lograr que el impulso de esta industria se traduzca en empleos industriales y en trabajo decente para las comunidades involucradas como en una mayor complejidad de nuestro sistema productivo”.
En ese sentido, recalca que generarán “políticas públicas específicas de encadenamiento productivo y de creación de mano de obra calificada a nivel local, para fomentar que esta industria se traduzca en mejoras concretas para las comunidades”.
– ¿Sigue siendo atractivo invertir en Chile en proyectos, considerando -por ejemplo- problemas como los vertimientos?
– Sí, lo que pasa es que estas son inversiones que uno las piensa y ocurren en bastante tiempo más. Creo que para las personas que están tomando decisiones sobre invertir hoy, estas eran precisamente las señales que estaban buscando. Sobre la situación de los vertimientos, nuestra capacidad de remediar el problema inmediatamente es muy limitada, porque no hay manera de construir rápido una gran línea de transmisión.
– Son decisiones que debieron tomarse antes.
– Son decisiones que deberían haberse tomado antes. Y lo que está ocurriendo es que empezamos a experimentar las consecuencias de atrasos en un montón de cosas. Sin perjuicio de eso, que estamos empujando la adopción de estos instrumentos normativos, también estamos trabajando en varias soluciones colaborativas con las empresas que no van a remediar el problema de un día para otro, pero sí mitigar su impacto. De la mesa de corto plazo va a salir también una agenda de trabajo más inmediata.
Descarbonización
– ¿Qué tan factible es adelantar la descarbonización al 2030?
– Tenemos que encontrar una manera de acelerar nuestro calendario de descarbonización. Entiendo la fijación de algunos por una fecha específica, pero lo que me importa más son las condiciones habilitantes, en qué manera generamos un calendario de trabajo que visibilice esas condiciones. Cuando uno pone una fecha, 2030, 2035, 2040, son fechas para las cuales faltan varios gobiernos. Entonces, pareciera que no es una preocupación de hoy sino que es una preocupación de alguna manera del futuro.
– La fecha está en el programa…
– Sé que está en el plan de gobierno y nuestra intención es cumplir esa promesa de campaña en la mejor de nuestra posibilidad, pero cuando uno visibiliza las condiciones habilitantes da un trabajo que tiene más que ver con la urgencia del presente. ¿Por qué el tema de las fechas no es tan importante? Porque tenemos el caso reciente de Bocamina…
– ¿En qué está hoy este trabajo?
– Hicimos un trabajo en conjunto con la CNE y el Coordinador. Ese estudio de escenarios estamos empezando a validarlo técnicamente con otras entidades científicas, políticas, organizaciones de la sociedad civil y nuestra idea es conseguir aunar como sociedad un diagnóstico. Si esos plazos se tienen que mover, que quede visiblemente claro porque lo que me preocupa es que la conversación sobre los plazos aplicables sea como una negociación política de qué tanto interés tienes en la sostenibilidad y no es así.
– Se señaló que la reforma a la distribución se ingresaría el 2023. ¿Se mantiene el plazo?
– Estamos muy pronto a ingresar la reforma institucional a la SEC. En la siguiente legislatura, lo primero que queremos hacer es abordar la ruta de descarbonización y después tenemos que conversar sobre cuáles son las reformas estructurales que vamos a abordar el próximo año. Un candidato es la reforma de la distribución donde hay un interés importante, pero donde hay diferencias bien importantes de opinión. Hay que abordar el tema del mercado mayorista que es un tema si vamos a seguir con la estructura de costos marginales o nos vamos a pasar a un sistema de subastas. Otro es el diseño del segmento de transmisión.
– ¿Está abierto entonces si el próximo año se presentará una reforma a la distribución?
– Tenemos estos tres candidatos y hay que ser pragmáticos. Con cuál de las tres está más madura y es más fácil avanzar, esa vamos a elegir. Es muy importante que los operadores de mercado y las organizaciones de la sociedad civil entiendan que, en la medida que ellos son capaces de resolver sus diferencias, también es más fácil avanzar en la legislación.
Pardow y arriendo de activos de firma que declaró insolvencia: “Quiero ver los contratos y analizarlos con nuestro equipo legal”
Una alerta que sigue activa es la que encendieron María Elena Solar e Ibereólica Cabo Leones II al informar que no podrían seguir cumpliendo sus contratos de suministro. Para el ministro Pardow, este es un problema que hay que tratar de solucionar independiente de quién tiene la responsabilidad. Pero el conflicto escribió un nuevo capítulo: Cabo Leones sorprendió al arrendar activos a un tercero, desatando el debate. Consultado, Pardow indica: “Quiero ver los contratos, analizarlos con nuestro equipo legal”. Eso sí, dice, hay dos consideraciones que hay que tener: que es importante que los incentivos estructurales estén a cumplir los contratos y que las infraestructuras sigan operando. “Más allá que pueda haber situaciones que ameriten entrega de boleta de garantía (…), el sistema tiene que entregar incentivos para que los contratos se cumplan. Pero, por otro lado, también queremos que se genere la mayor cantidad de energía posible. También estas infraestructuras sean puestas en uso y sigan operando es algo que para nosotros es relevante”. Y remató: “Hay que estudiarlo bien para ver de qué se trata la situación, cuál es la extensión de nuestra atribución normativa”.
Fuente: Diario Financiero