El Ministerio de Hacienda ha propuesto una reducción de al menos un 15% en el presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Gratuidad en la educación superior, el Bono Invierno y la Asignación Familiar. Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca disminuir el gasto público en $2,8 billones, afectando a 260 programas sociales.
Programas sociales afectados por la propuesta de recorte
Además de los beneficios mencionados, la propuesta de Hacienda incluye reducciones en programas como:
- Pensión Básica Solidaria de Invalidez
- Aporte Previsional Solidario de Vejez
- Crédito con Aval del Estado (CAE)
- Subsidio Único Familiar (SUF)
- Inversiones en Jardines Infantiles
- Subsidio Habitacional DS1
- Transporte público metropolitano
En total, se busca reducir el presupuesto de 260 programas sociales en al menos un 15%.
Declaraciones del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz
Ante la controversia generada, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que no se realizarán recortes en los beneficios sociales para quienes los reciben conforme a la ley. Señaló que las acciones buscan mejorar la eficiencia y prevenir fraudes o mal uso de los recursos.
Reacciones políticas y contradicciones con promesas de campaña
Durante su campaña presidencial, el Presidente José Antonio Kast aseguró que no se recortarían beneficios sociales existentes, utilizando el lema «Te amo PGU» para enfatizar su compromiso con la Pensión Garantizada Universal. La propuesta actual de recortes ha generado críticas y acusaciones de contradicción con estas promesas.
Impacto potencial en la población
La implementación de estos recortes podría afectar a más de 15 millones de chilenos que dependen de uno o más de estos programas sociales. La reducción en el presupuesto de la PGU, por ejemplo, impactaría directamente a los adultos mayores que dependen de este beneficio para su sustento.
Próximos pasos y debate legislativo
La propuesta de recortes deberá ser discutida y aprobada en el Congreso Nacional. Se anticipa un intenso debate entre el gobierno y la oposición, así como con las organizaciones sociales, sobre la viabilidad y el impacto de estas medidas en la población más vulnerable del país.
