El desistimiento de AES Andes reordena el mapa del hidrógeno verde en Chile y pone el foco en proyectos más acotados, con mayores exigencias ambientales y territoriales.
La decisión de AES Andes de desistir del megaproyecto de hidrógeno verde INNA marcó un punto de inflexión para una industria que hasta hace pocos meses era presentada como uno de los pilares de la estrategia chilena para enfrentar la crisis climática. La iniciativa, que contemplaba una inversión cercana a los US$10.000 millones en la Región de Antofagasta, fue retirada tras un “análisis de cartera”, aunque en los hechos había quedado atrapada en una controversia mayor: su proximidad al Observatorio Europeo Austral, en particular al complejo Paranal, activó alertas científicas y políticas que terminaron por volver inviable su desarrollo.
El debate escaló incluso al plano presidencial. Durante la campaña, el hoy Presidente electo José Antonio Kast cuestionó abiertamente el emplazamiento del proyecto, reforzando la idea de que la astronomía constituye en Chile no solo un activo científico, sino también una barrera regulatoria de estándar internacional. Con ello, INNA pasó de símbolo del “entusiasmo verde” a ejemplo de los límites que enfrenta la industria cuando colisiona con otros intereses estratégicos del país.
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Megaproyectos bajo presión ambiental
Tras la caída de INNA, la atención se ha desplazado hacia otros desarrollos de gran escala que continúan en evaluación. En la Región de Magallanes, H2 Magallanes, impulsado por TotalEnergies, mantiene una inversión estimada en US$16.000 millones, aunque debió extender plazos para responder observaciones ambientales en el marco de su tramitación ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. En una situación similar se encuentra HNH Energy, con un desembolso proyectado de US$11.000 millones, que también solicitó prórrogas para responder su segundo Icsara.
Ambos casos reflejan una constante: los proyectos de mayor envergadura avanzan lentamente, enfrentando exigencias técnicas, sociales y ambientales cada vez más complejas. En ese escenario, la promesa de que el hidrógeno verde sería un camino rápido para enfrentar la crisis climática ha dado paso a una discusión más cauta sobre tiempos, costos y viabilidad real.
Avances en proyectos de menor escala
En contraste, las iniciativas de tamaño intermedio o reducido muestran progresos más concretos. Susterra, con una inversión cercana a los US$400 millones, fue el primer proyecto del sector en obtener su permiso ambiental y hoy se encuentra en la etapa de asegurar contratos de compra. A su vez, el proyecto Volta, de MAE, con una inversión estimada en US$2.500 millones, logró su aprobación ambiental para instalar una planta de hidrógeno y amoníaco verde en Mejillones.
Más avanzado aún aparece Cabo Negro, de HIF, que cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental desde noviembre del año pasado. Con una inversión de US$830 millones, este proyecto apunta a la producción de combustibles sintéticos para exportación y es visto como uno de los casos emblemáticos de viabilidad en el corto plazo.
Del entusiasmo al diseño riguroso
Para Manuel Reyes, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, el retiro de INNA “marca el fin de la etapa de entusiasmo ciego por el hidrógeno verde en Chile”. A su juicio, el episodio demuestra que no basta con ventajas comparativas como el sol o el viento: “El éxito depende de un diseño técnico y territorial impecable, capaz de anticipar conflictos ambientales y sociales”.
Una mirada similar plantea Pablo Müller, académico de la Universidad Autónoma, quien advierte que las posibilidades del hidrógeno verde siguen abiertas, pero bajo nuevas restricciones. “El desafío ya no es prometer liderazgo, sino construirlo de manera creíble y sostenible, con proyectos más acotados, participación temprana y una política pública más activa”, sostiene.
Según la Asociación Chilena de Hidrógeno, hoy existen 83 proyectos anunciados en distintas fases, aunque solo 17 están operativos y todos corresponden a iniciativas piloto. La señal es clara: tras la caída de INNA, el hidrógeno verde en Chile entra en una etapa de mayor realismo, donde la ambición climática deberá convivir con exigencias técnicas, territoriales y sociales cada vez más estrictas.
