Dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidirá el destino de esta iniciativa, que si es rechazada puede ser reclamada ante el Comité de Ministros.
Hoy lunes vence el plazo para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dicte la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto minero Los Bronces Integrado, iniciativa por US$ 3.000 millones, que busca explotar uno de los depósitos con las mayores reservas de cobre inferidas en la actualidad, y dar continuidad y elevar la producción de este metal en la actual faena Los Bronces, que es de propiedad de Anglo American, la multinacional con sede en Londres.
Los ojos de la industria minera están puestos en esta resolución, que recae en este caso en la dirección ejecutiva del SEA, encabezada por su directora ejecutiva Valentina Durán, y no en una Comisión de Evaluación Ambiental, por tratarse de un proyecto de carácter interregional (abarca las regiones Metropolitana y de Valparaíso en la zona cordillerana). Sin embargo, el SEA, a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), ya sentó un precedente negativo para la calificación de este proyecto, pues el viernes antepasado recomendó rechazarlo.
La iniciativa también estaría considerando una fuerte inversión posterior en proyectos destinados a reducir el uso de aguas continentales. Es por esto que un rechazo marcaría un negativo precedente para inversiones de otras compañías que también apuntan a un sello sustentable, pudiendo actuar como un desincentivo para nuevos proyectos del rubro, manifestaron en la industria.
Sin embargo, en Anglo American no han perdido la esperanza. Sobre sus expectativas, manifestaron que “tenemos confianza en la institucionalidad y en el proceso que se está siguiendo, por lo cual reafirmamos nuestra disposición a contribuir con la información y las medidas que la autoridad estime pertinentes para abordar de manera integral las preocupaciones que aún persisten”.
El punto que encendió las alarmas del SEA para efectuar esta recomendación fue una supuesta falta de información suficiente durante el proceso de evaluación que permita eliminar cualquier duda sobre un posible riesgo para la salud pública. Específicamente sobre el impacto de los aportes de materia particular respirable sobre la población durante la construcción y operación del proyecto.
Sobre este aspecto, en la empresa han señalado que “es importante aclarar, como se lo hemos presentado a la autoridad, que en ningún caso las emisiones del proyecto sobrepasarían la norma de calidad del aire, lo que ha sido confirmado por el SEA y, por lo tanto, el proyecto no causaría un impacto para la salud pública”. A su vez, Anglo American ha insistido en que propuso un plan de mitigaciones adicionales y voluntarias que busca compensar el 120% de las emisiones que sumarían el proyecto Los Bronces Integrado y la operación actual de Los Bronces, equivalente al 70% de todas las emisiones del Gran Santiago y las cuales, según ellos, atienden “con creces” las inquietudes del Servicio de Salud sobre los efectos de salud de las personas. Estas consideran fuertes inversiones en pavimentación de caminos locales, cambio de sistemas de calefacción de leña por eléctricos y uso de camiones eléctricos en la Ruta G21, entre otras garantías. Sin embargo, la empresa ha reclamado que estas medidas adicionales no fueron consideradas por el SEA.
Según la firma, estas fueron presentadas a la autoridad mediante un recurso de reposición en primera instancia y luego mediante un téngase presente que fue formalmente aceptado en el expediente. “Aun así, de acuerdo con lo indicado por el ICE en su punto 15, este documento no fue considerado, pues, según la resolución, no formaría parte integrante del proceso de evaluación”, manifestó la compañía minera, hace una semana.
Fuera de plazo
Al respecto, desde el SEA manifestaron que en el ICE “se consideraron todas las actuaciones del procedimiento reglado, las que constan en el expediente público. Sin embargo, el ICE señala que la presentación contenida en el folio 2019-99-6-21, del titular, no forma parte integrante del proceso de evaluación por haber sido presentada fuera de plazo”.
Si la iniciativa es rechazada, la autoridad ambiental manifestó que “conforme a la Ley 19.300, en contra de las resoluciones de calificación ambiental (RCA) proceden recursos de reclamación, tanto del titular como de los observantes que estimen que sus observaciones no fueron debidamente consideradas.
Estos recursos son resueltos por un Comité de Ministros integrado por los ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura; de Energía, y de Minería y por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside. Lo anterior, sin perjuicio de otros recursos que estime pertinente el titular del proyecto”.
Fuente: El Mercurio