El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Juan Carlos Ortiz, pidió mayor firmeza institucional frente al avance de la minería ilegal y planteó que la aprobación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, debe ser una prioridad para ordenar el sector.
La advertencia apunta a un cambio relevante para la industria peruana: la expansión de actividades ilegales hacia el cobre, un mineral clave para la transición energética y para la cartera de proyectos que sostiene la posición del país como uno de los mayores productores mundiales del metal rojo.
Según el IIMP, Ortiz sostuvo que Perú necesita fortalecer su institucionalidad minera para proteger el aporte económico y social de la minería formal, en un contexto donde las exportaciones mineras superaron los US$ 21.000 millones al cierre de abril y las transferencias a regiones por canon, regalías y otros conceptos superaron los S/ 4.100 millones.
El foco ya no está solo en el oro
La minería ilegal en Perú ha estado tradicionalmente asociada al oro, especialmente por sus efectos ambientales, tributarios y criminales. Sin embargo, el planteamiento del IIMP incorpora una señal de mayor alcance: la actividad ilegal estaría extendiendo presión hacia zonas con potencial cuprífero, lo que puede afectar permisos, seguridad territorial, trazabilidad de minerales y confianza de inversionistas.
Ortiz afirmó que la minería ilegal no solo genera impactos ambientales y evasión fiscal. También fortalece economías criminales, financia redes ilícitas y debilita la capacidad del Estado para ejercer autoridad en zonas mineras.
Ese diagnóstico es relevante para Perú porque el cobre concentra una parte central de su estrategia minera. El país compite por atraer capital en un ciclo marcado por alta demanda de minerales críticos, pero enfrenta demoras regulatorias, conflictividad social, presión territorial y disputa política en torno a la formalización minera.
El punto de fondo no es menor: si la minería ilegal gana espacio en territorios cupríferos, el riesgo deja de ser solo ambiental o policial y pasa a ser también productivo, fiscal y estratégico.
Ley MAPE: el debate pendiente
El IIMP planteó que la nueva Ley MAPE debe diferenciar con claridad a los pequeños productores que buscan operar dentro de la ley de quienes usan procesos de formalización para encubrir actividades ilegales.
Ortiz fue directo al señalar que Perú requiere una norma definitiva, técnicamente sólida y plenamente aplicable. En su visión, la formalización debe tener objetivos, plazos y resultados concretos, y no convertirse en un mecanismo permanente que prolongue la incertidumbre.
El debate no parte desde cero. En agosto de 2025, el Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que la Mesa Técnica de Formalización Minera había alcanzado consenso en 11 puntos sustanciales para elaborar la Ley MAPE. En ese momento, el Ejecutivo sostuvo que la norma debía entregar un marco jurídico para regular la pequeña minería y minería artesanal por los próximos 25 a 30 años.
Sin embargo, el proceso volvió a tensionarse. En diciembre de 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ampliar la vigencia del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero.
Esa decisión mantuvo abierta la discusión sobre el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, y sobre la capacidad real del Estado para separar informalidad subsanable de minería ilegal vinculada a economías criminales.
Impacto para la minería formal
Para la industria formal, el problema no es solo reputacional. La expansión de operaciones ilegales afecta la competencia por territorio, distorsiona cadenas de comercialización, eleva riesgos de seguridad, presiona relaciones comunitarias y puede contaminar la percepción pública sobre todo el sector extractivo.
Perú necesita nuevos proyectos para sostener su producción futura de cobre. Pero la inversión minera requiere reglas estables, certeza sobre propiedad minera, permisos con trazabilidad y presencia efectiva del Estado. Cuando esos elementos fallan, el costo no lo asumen solo las empresas: también lo enfrentan proveedores, trabajadores, gobiernos regionales y comunidades que dependen de ingresos fiscales asociados a la minería formal.
El dato de transferencias regionales es clave. Los más de S/ 4.100 millones en canon, regalías y otros conceptos mencionados por el IIMP reflejan la magnitud del aporte formal al financiamiento territorial. La minería ilegal, por definición, opera fuera de ese circuito fiscal y reduce la capacidad del Estado para transformar extracción minera en inversión pública.
Cobre, transición energética y competencia regional
El llamado del IIMP llega en un momento en que el cobre se mantiene como mineral estratégico para redes eléctricas, electromovilidad, energías renovables e infraestructura de transmisión. Perú tiene una posición relevante en esa cadena, pero compite con otros distritos mineros por capital, tecnología y permisos.
En ese escenario, la presencia de minería ilegal en áreas de interés cuprífero puede transformarse en un factor adicional de riesgo país. No solo por la interrupción de actividades o por eventuales conflictos, sino porque la inversión minera de largo plazo requiere garantías sobre continuidad operacional y capacidad estatal para hacer cumplir la ley.
Ortiz resumió el debate en una frase: “El verdadero debate no es entre minería y desarrollo. El desafío consiste en decidir qué minería queremos promover”.
La declaración marca una línea política y sectorial clara: el IIMP busca instalar que la formalización minera no puede ser indefinida ni funcional a estructuras ilegales, pero tampoco debe abandonar a los pequeños productores que sí pueden integrarse a la economía formal.
Qué observará la industria
El próximo punto de atención será el avance legislativo de la Ley MAPE y la forma en que Perú resuelva la transición desde regímenes temporales hacia un marco permanente de pequeña minería y minería artesanal.
Para el sector formal, la clave estará en tres frentes: trazabilidad efectiva del mineral, fiscalización de plantas y comercializadores, y reglas claras para excluir del proceso a quienes no cumplan condiciones ambientales, laborales, tributarias o de propiedad minera.
La advertencia del IIMP eleva el tono del debate porque vincula directamente minería ilegal, cobre y competitividad nacional. Si Perú logra ordenar la MAPE sin abrir espacio a redes ilegales, puede fortalecer su cartera minera en un ciclo favorable para el cobre. Si mantiene la indefinición, el riesgo será que la informalidad siga avanzando sobre un sector que sostiene exportaciones, empleo, recaudación fiscal e inversión regional.