Desde la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina en agosto de 2024, se han presentado 36 proyectos que suman un total de 85.000 millones de dólares, involucrando a 44 empresas de diez países. Este régimen, diseñado para atraer inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos, ha generado un notable interés en áreas como minería y energía, con una concentración significativa en provincias como San Juan y Neuquén.
El RIGI y su impacto en la inversión extranjera
El RIGI fue reglamentado en agosto de 2024 con el objetivo de fomentar inversiones de gran escala en sectores clave de la economía argentina. Ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años, buscando posicionar al país como un destino atractivo para el capital extranjero. Desde su implementación, se han aprobado 12 proyectos que representan inversiones por 17.198 millones de dólares, lo que equivale al 20% del total de iniciativas presentadas.
El Banco Central de la República Argentina informó que, hasta la fecha, han ingresado al país 1.205 millones de dólares provenientes de estos proyectos, con un saldo positivo de 762 millones de dólares. Este flujo de capital refleja la confianza de los inversores en el marco legal y económico que ofrece el RIGI.
Minería y energía lideran las inversiones
Los sectores de minería y energía concentran el 97% de las inversiones presentadas bajo el RIGI. La minería encabeza con compromisos por 46.425 millones de dólares, seguida por el sector de gas y petróleo con 37.255 millones de dólares. Dentro de la minería, el cobre destaca con cinco proyectos que suman 31.313 millones de dólares, mientras que el litio cuenta con 11 iniciativas por un total de 13.211 millones de dólares.
En el ámbito energético, se han presentado diez proyectos petroleros, de los cuales dos ya han sido aprobados. Un ejemplo destacado es el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que implica la construcción de un oleoducto de 430 kilómetros entre Neuquén y Río Negro, con una inversión de 560 millones de dólares.
Distribución geográfica de las inversiones
San Juan lidera en términos de inversión comprometida bajo el RIGI, con cinco proyectos que suman 24.883 millones de dólares. Le sigue Neuquén, la provincia que alberga Vaca Muerta, con inversiones por 23.600 millones de dólares. Otras provincias beneficiadas incluyen Río Negro, Salta, Catamarca, Buenos Aires y Jujuy. Provincias como Mendoza, La Pampa y Santa Fe registran inversiones menores, por debajo de los 1.000 millones de dólares.
Esta distribución geográfica refleja la concentración de recursos naturales y la infraestructura existente en estas regiones, factores determinantes para la atracción de inversiones de gran escala.
Origen de los inversores y proyectos destacados
Las empresas argentinas lideran en número de proyectos presentados y en montos comprometidos bajo el RIGI, con 22 firmas locales involucradas. Entre las compañías extranjeras, se destacan cinco empresas chinas enfocadas principalmente en el litio, cinco canadienses, tres del Reino Unido, tres suizas, dos australianas, una brasileña (Petrobras) y una surcoreana.
Proyectos emblemáticos incluyen el de Transportadora de Gas del Sur (TGS) para ampliar la capacidad de transporte del gasoducto Perito Moreno, con una inversión de 560 millones de dólares, y el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL) por parte de YPF, que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.
Perspectivas y desafíos futuros
El Gobierno Nacional ha decidido prorrogar por un año más, hasta agosto de 2027, el plazo de aplicación al RIGI, con el objetivo de atraer más inversiones y consolidar los proyectos en curso. Sin embargo, el régimen ha generado críticas por parte de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre posibles impactos negativos en los recursos naturales y las comunidades locales.
A medida que el RIGI avanza, será fundamental equilibrar la atracción de inversiones con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas, asegurando un desarrollo sostenible y equitativo para el país.
