Tras varios meses de espera, la Corte Suprema resolvió finalmente, acoger tres recursos de casación presentados por organizaciones contrarias el proyecto, lo que en la práctica implica que el Tribunal Ambiental de Antofagasta deberá conocer y resolver si el proyecto minero-portuario cumple o no con la legislación ambiental vigente, es decir, con el fondo del asunto.
Pasaron varios meses, pero finalmente este jueves terminó la espera respecto a uno de los proyectos más emblemáticos que existe en la región: la Corte Suprema acogió tres recursos de casación en contra del proyecto minero-portuario Dominga y ordenó al Tribunal Ambiental de Antofagasta conocer y decidir sobre el fondo de lo que reclaman diversas organizaciones ambientalistas, es decir, decidir sobre la calidad ambiental del proyecto.
En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ricardo Blanco, Arturo Prado (el único voto en contra) y Ángela Vivanco, acogieron por mayoría los recursos presentados por Oceana Inc, Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros y por la abogada Alejandra Donoso Cáceres en representación de tres personas jurídicas y una persona natural.
Ello, pues el máximo tribunal del país cuestionó que la instancia judicial ambiental se refiera sólo a aquellos aspectos formales del proyecto, y no a los ambientales propiamente tal, mandato que deberá cumplir en adelante.
“El Primer Tribunal Ambiental, a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento, esto es, el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el Comité de Ministros para rechazar el proyecto ‘Dominga’”, fue al respecto, la determinación de la corte en relación a dicho tema.
Además, el tribunal rechazó “el segundo capítulo de la reclamación deducida por Andes Iron SpA, vinculados a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros”.
Una brevísima historia
Sobre este último punto, cabe hacer un breve racconto: luego de que en marzo de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, integrada por los seremis y el entonces intendente, Claudio Ibáñez, rechazara la construcción del proyecto minero –con el voto decisivo de la entonces máxima autoridad regional -, Andes Iron, la empresa que lleva adelante Dominga, apeló que la decisión había sido tomada no de acuerdo a la ley, al no fundamentar sus votos en aspectos técnicos.
De esa manera, el caso pasó entonces al Consejo de Ministros, instancia que, el 21 de agosto de 2017, ratificó el rechazo al proyecto minero-portuario.
Es así entonces, como Andes Iron, llevó el caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta presentando un recurso de reclamación el 1 de diciembre de 2017. Cinco meses después, el 27 de abril de 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga, ordenando una nueva votación, “esta vez ajustada a derecho”, según se desprendió del dictamen.
Frente a ello, los opositores a la iniciativa minera apelaron ante la Corte Suprema con el objetivo de que el máximo tribunal del país dejara sin efecto la resolución del tribunal ambiental y se ratificara pues, el rechazo al proyecto que habían dictaminado la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Consejo de Ministros, llegando así, al fallo de este jueves.
Las reacciones de los incumbentes
Como era de esperar, ante la decisión de la Corte Suprema de devolver el análisis del proyecto al Tribunal Ambiental de Antofagasta, las reacciones de todo lado, no se hicieron esperar, siendo variadas las miradas con que se interpretó el fallo.
Así, desde la propia empresa, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, expresó que la compañía “reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo, exhaustivo y sólido de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga”.
El alto ejecutivo de la compañía, agregó además que “tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental. Tenemos la certeza de que podremos reafirmar ante los tribunales ambientales que el proyecto concilia, en base a los mejores estándares, el desarrollo minero con implicancias locales y nacionales- con la protección del medio ambiente”.
Coincidiendo con dicha mirada, desde los gremios regionales, también manifestaron una visión positiva del fallo.
Así por ejemplo, Daniel Mas, presidente de CIDERE, aseguró que “el fallo de la Corte Suprema genera un escenario favorable para Dominga”.
“Por una parte, se instruye al Tribunal Ambiental para que resuelva los temas de fondo, y ahí Dominga tiene una gran fortaleza, ya que en la instancia técnica ya obtuvo un ICE favorable, que recomendó aprobar el proyecto. Además, se eliminan las instancias políticas, como son la Comisión Regional de Evaluación Regional y el Comité de Ministros, lo que sin duda es otro elemento muy favorable para que prevalezcan criterios objetivos de evaluación”, subrayó el dirigente gremial.
La voz de La Higuera
Al respecto, su alcalde, Yerko Galleguillos, prefiere mantenerse expectante, al señalar que “lo que podemos decir es que la Corte Suprema podía haber liquidado el proyecto. Sin embargo, estableció que este proyecto tiene falencias, y hay que mejorarlas. Eso es lo que entiendo y lo que creo, aunque no sé lo que va a pasar”.
El edil reconoció que en estos momentos en la comuna, hay dos visiones enfrentadas respecto al proyecto. “Unos lo ven como una tremenda oportunidad, y hay gente que lo ve como una amenaza, por tanto, nosotros no podemos calificar este fallo desde el punto de vista positivo o negativo”.
“Insisto”, agregó, que “aquí hay que respetar la institucionalidad, y hoy día la máxima institución jurídica de Chile se ha pronunciado, y se ha pronunciado diciendo que ‘esto se puede hacer, pero mejórenlo de nuevo, vuelvan a estudiarlo y demuéstrenme que es viable ejecutarlo’. Porque si no, hoy mismo hubiesen liquidado el proyecto, señalando que es inviable. Pero eso no pasó.”
Siguiendo en esa línea, desde la Asociación Comunal de La Higuera, agrupación que reúne a vecinos de La Higuera, manifestaron “tranquilidad” ante el tenor del fallo, confiando en que “el Tribunal Ambiental de Antofagasta analice el proyecto de manera positiva”, reiterando su apoyo a Dominga.
“Mantenemos el convencimiento de alcanzar el desarrollo integral del territorio a través de la alianza entre privados, el Estado y la Comunidad. Por ello, nuestra organización logró celebrar en octubre de 2016, un Acuerdo Marco que es un convenio inédito a nivel nacional, en virtud del cual se reconoce el derecho de todos los habitantes de la comuna de La Higuera, sin distinción, para participar de los beneficios de la explotación del mineral”.
En ese sentido, recuerdan que ellos, han participado “en todos los procesos administrativos y judiciales que ha atravesado el proyecto y mantenemos firme nuestra convicción de que dicha iniciativa cumple con la normativa ambiental, desde ya avalada por la dictación del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) que recomendó concretar la iniciativa”.
Desde la oposición a Dominga en tanto, también se hizo una lectura favorable del fallo en relación a sus objeciones al proyecto.
Así, Nancy Duman, vocera de la Alianza Humboldt, consideró que el dictamen del supremo, “es un nuevo revés para la minera, puesto que la Corte Suprema descartó vicios formales en el proceso de evaluación que rechazó a Dominga, y que por tanto, son reconocidos por antecedentes técnicos y científicos que avalan la insuficiencia del proyecto. La Corte Suprema reconoce que efectivamente nosotros teníamos razón”.
Si bien, reconoció que este fallo, no implica en la práctica, el fin del proyecto, “este fallo es sin duda, un gran paso que se da”.
Es más. Para la vocera del movimiento, Dominga “está ambientalmente rechazado, por tanto es un proyecto que no está cumpliendo con la normativa ambiental. Hoy nuevamente la Corte Suprema lo ha subrayado. Es un proyecto que no garantiza no impactar el medioambiente”, señaló.
Entre la confianza y las dudas
Desde el mundo político en tanto, también hubo reacciones, aunque las miradas en este caso fueron más divergentes, en especial, en cómo este fallo dilata aún más el proceso de resolución del proyecto, y si esto además, podría afectar la imagen-región, en cuanto a la posible llegada – o no – de inversiones a futuro.
Mientras desde el Gobierno Regional, evitaron hacer comentarios al respecto, el diputado Matías Walker valoró que sea el Tribunal Ambiental el que tenga que pronunciarse sobre el fondo del asunto.
“Eso va a ser una garantía para todos los sectores involucrados, pero especialmente para los habitantes de la comuna de La Higuera y de la región de Coquimbo en general (…) Así, (la resolución) no va a estar contaminada políticamente, sino que va a ser una resolución eminentemente técnica, tomando en consideración la legislación ambiental, y eso nos va dar garantías a todos, de lo que resulte finalmente, si el proyecto cumple o no, con la legislación ambiental”, señaló el legislador DC.
En tanto, su par del Senado, Jorge Pizarro, se refirió a los efectos económicos que este fallo pudiesen implicar para la región, pues este tema resulta bastante “complejo”, porque, “va a sentar un antecedente para otros proyectos que se van a haber amenazados por las mismas razones. Y eso afecta evidentemente al tema económico”.
Pizarro opina que este fallo va en la línea de proteger la institucionalidad medioambiental del país, y que por lo mismo, “se tiene que evaluar cómo funciona la normativa medioambiental y los tiempos en que se resuelven estos estudios de impacto ambiental, ya sea por el rechazo o por la aprobación. Porque esto genera un cuadro de incertidumbre para la inversión de cualquier proyecto de cualquier tipo que requiera de un estudio de impacto ambiental, sean proyectos inmobiliarios, turísticos, mineros o energéticos”.
Mirada parecida es la del diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien lamentó que con esta resolución “se dilate más un proyecto que, insisto, no se aprueba ni se rechaza en virtud del fallo de la Corte Suprema, pero creo que es una mala noticia para la región”.
“Había mucha gente esperanzada que este proyecto saliera adelante desde el punto de vista laboral y económico. Pero bueno, son decisiones judiciales que hay que respetar y acatar (…) Pero hubiera esperado una decisión más concreta”, señaló.
Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren, aseguró que lo que corresponde ahora “es esperar que las instituciones sigan funcionando”, aunque de todas formas, puntualizó la importancia económica del proyecto.
“Si es un proyecto positivo para Chile de acuerdo a nuestra legislación medioambiental, no hay razones para seguir poniéndole piedras en el camino y que en estas piedras los únicos que están afectados son las familias de La Higuera y sus localidades”, sentenció.
