El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado esta mañana por las acusaciones de «demora» en relación a la implementación de la estrategia del litio.
Al respecto, el titular de la cartera señaló que «hubo un momento en que efectivamente Chile se atrasó, que fue el momento en que la licitación de Ceoles impulsada por el Gobierno anterior fracasó. No se pudo realizar por ausencia de consulta indígena».
En concreto, las palabras del secretario de Estado hacen referencia a dos fallos de la Corte Suprema que, en junio de 2022, acogió recursos de protección presentados por comunidades indígenas y dejó sin efecto la licitación del litio que llevó adelante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
En esa línea, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que «sin embargo, las acciones que ha tomado el actual Gobierno han permitido ponernos al día ¿De qué manera? Fundamentalmente porque, a través del acuerdo entre Codelco y SQM, Chile va a aumentar la producción de litio en los proyectos que ya están operando. A eso se va a sumar los proyectos que se desarrollen a partir de estas definiciones que acaba de tomar el Comité de Ministros».
Asimismo, Marcel recalcó que «cuando se anunció el principio de acuerdo entre Codelco y SQM, especialmente a nivel internacional, hubo una reacción en sentido de reconocer que Chile iba a ser capaz de aumentar su producción de litio, iba a ser capaz de retomar una posición de liderazgo».
Continuó señalando, así, que «si a eso le agregamos los proyectos que comienzan ya a tomar forma en Maricunga, en los que están impulsados por Enami, más los proyectos privados que aprovechen la oportunidad que genera la invitación a expresar interés para los 26 salares que han sido identificados por el Comité de Ministros, creo que todo indica que no solamente vamos a haber revertido ese retraso que se produjo hace unos años atrás, sino que vamos a darle una proyección para todos los años que vienen».
Cabe destacar que esta semana el Gobierno anunció el plan con el que pretende aumentar la producción de litio, que contempla el control del Estado sobre los «salares estratégicos», la posibilidad de que privados puedan liderar algunos de los proyectos y el resguardo de un porcentaje de los ecosistemas salinos.