Investigadores del Payne Institute for Public Policy advierten que la mayoría de los yacimientos de litio, cobre, níquel, antimonio y grafito del país se encuentran próximos a territorios tribales, generando riesgos de conflicto y retrasos en proyectos clave para la descarbonización.
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Un dilema entre energía limpia y derechos ancestrales
La transición energética en Estados Unidos enfrenta un desafío estructural que va más allá de la tecnología o la inversión: la relación entre el desarrollo minero de minerales críticos y los derechos territoriales de las Tribus Nativas Americanas.
Un reciente estudio del Payne Institute for Public Policy, publicado en la revista The Extractive Industries and Society, analiza cómo la expansión de la minería de litio, cobre, níquel, antimonio y grafito —elementos esenciales para fabricar baterías, paneles solares y turbinas eólicas— se superpone con los territorios y valores culturales indígenas.
El informe, titulado “Critical minerals mining and Native American sovereignty: Comparing case studies of lithium, copper, antimony, nickel and graphite mining in the United States”, examina trece proyectos representativos, entre ellos Thacker Pass (litio, Nevada), Resolution Copper (Arizona), Stibnite (antimonio, Idaho) y Pebble Mine (cobre, Alaska). En todos los casos, los investigadores observan tensiones entre la urgencia del desarrollo minero y la protección de la soberanía y el patrimonio cultural de las comunidades nativas.
La cercanía geográfica y la “incertidumbre del desarrollo”
De acuerdo con el estudio, el 97% de los recursos de níquel, el 89% de cobre, el 79% de litio y el 68% de cobalto del país se ubican a menos de 35 millas (unos 56 kilómetros) de reservas o territorios indígenas reconocidos.
Esta proximidad ha generado un complejo escenario de “incertidumbre de desarrollo”, en el cual los conflictos sociales, ambientales y legales se han convertido en uno de los principales obstáculos para la aprobación de nuevos proyectos. Los investigadores señalan que esta situación podría retrasar los objetivos de autosuficiencia minera que el gobierno estadounidense promueve para reducir la dependencia de China y otros proveedores internacionales.
“El desafío no solo es asegurar el suministro doméstico de minerales críticos, sino hacerlo de manera ética y sostenible, protegiendo tanto al medio ambiente como a las sociedades tribales que históricamente han cargado con los costos de la minería”, subraya el informe.
Reformas legales y vacíos persistentes
En los últimos años, el Congreso de EE. UU. ha impulsado reformas orientadas a modernizar la legislación minera y ambiental, como la Clean Energy Minerals Reform Act y la Good Samaritan Remediation of Abandoned Hardrock Mines Act, que buscan agilizar procesos de exploración y remediación ambiental.
Sin embargo, según el Payne Institute, estas iniciativas no han abordado adecuadamente la participación y el consentimiento de las comunidades indígenas, dejando espacios de ambigüedad legal que facilitan la judicialización de los proyectos.
Los investigadores advierten que la legislación federal aún carece de un marco robusto que garantice la consulta temprana, el consentimiento informado y la co-gestión de los territorios tribales afectados. La ausencia de estos mecanismos fomenta la desconfianza y debilita la legitimidad de las políticas de transición energética.
Propuesta de un nuevo modelo de gobernanza minera
El estudio propone avanzar hacia un modelo de “co-diseño”, donde las comunidades indígenas participen activamente en todas las etapas del ciclo minero, desde la exploración hasta el cierre de faenas.
Este enfoque, sostienen los autores, permitiría conciliar la seguridad energética con la justicia ambiental y la soberanía tribal, evitando conflictos prolongados y fortaleciendo la responsabilidad social de las empresas.
El co-diseño implicaría no solo acuerdos económicos, sino también la integración de conocimientos tradicionales, medidas de protección cultural y mecanismos de beneficio compartido. Para los autores, este paradigma representa la única vía viable para una transición energética “verdaderamente justa y sostenible”.
Hacia una minería con legitimidad social
Los casos analizados muestran que el litio y el cobre, dos de los minerales más demandados para la electrificación, concentran las mayores tensiones socioambientales. En Thacker Pass, por ejemplo, comunidades paiute-shoshone han interpuesto recursos judiciales por falta de consulta, mientras que en Resolution Copper, la oposición indígena se centra en la pérdida de sitios sagrados y la degradación de acuíferos.
A pesar de los conflictos, el estudio destaca que algunos proyectos han comenzado a incorporar prácticas de diálogo temprano, lo que sugiere un cambio incipiente en la industria hacia procesos más inclusivos y respetuosos.
La minería de minerales críticos se ha convertido, así, en un campo de prueba para la gobernanza ambiental del siglo XXI, donde la legitimidad social es tan importante como la viabilidad técnica o económica.
