La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) realizó su Consejo General N° 1.523, instancia en la que el gremio abordó los principales desafíos regulatorios, la necesidad de mayor certeza jurídica y las prioridades del sector de cara a 2025 y 2026.
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Durante la sesión, la Mesa Directiva presentó un balance enfocado en la intensificación de la agenda regulatoria, el fortalecimiento del despliegue territorial y el requerimiento de avanzar hacia condiciones que otorguen estabilidad al encadenamiento productivo minero. Se planteó que 2025 será “un año especialmente desafiante”, considerando la implementación de la Ley SBAP, la definición de nuevas áreas protegidas y la incorporación de sitios prioritarios. También se informó sobre gestiones ante el Congreso y ministerios para evitar impactos negativos en proyectos en ejecución y futuras inversiones.
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, enfatizó el rol del encuentro para el gremio. «Fue un encuentro muy valioso para el gremio. (…) La participación activa de los consejeros y sus aportes ratifican que avanzamos con claridad en las líneas trazadas», afirmó. Además, se reportaron avances en materias de permisología, productividad, minerales críticos y capacitaciones orientadas a la pequeña y mediana minería. Hacia 2026, las prioridades incluyen programas de acompañamiento, reactivación de exploraciones, desarrollo de proveedores y una agenda integral de sustentabilidad e innovación.
A nivel sectorial, la Sonami ratificó tres líneas de acción: fortalecimiento del apoyo a la pequeña y mediana minería, desarrollo de estudios técnicos y defensa activa frente a normativas que puedan condicionar nuevas faenas o inversiones.
Uno de los puntos centrales del consejo fue el análisis del impacto de la Ley 21.600, conocida como Ley SBAP. Ariel Espinoza, jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, expuso los efectos de la normativa y las exigencias que podrían aplicarse en regiones con alta concentración de faenas. De acuerdo con lo planteado, las nuevas regulaciones ambientales podrían modificar condiciones para más de 300 instalaciones mineras a nivel nacional, generando inquietud en torno a concesiones, inversiones y proyectos en curso.
Por su parte, Riesco destacó la relevancia de la información presentada y el intercambio directo con la autoridad. «Contar con la visión técnica del Ministerio y escuchar las inquietudes de nuestros asociados en un mismo espacio aporta transparencia y claridad a un proceso regulatorio complejo», señaló. La Sonami confirmó que mantendrá el monitoreo del proceso y que insistirá en medidas proporcionales que permitan equilibrar la protección ambiental con el desarrollo responsable de la minería.
Las conclusiones del encuentro consideran la continuidad de una mesa técnica con el Ministerio del Medio Ambiente, así como el seguimiento de las restricciones que podría imponer la Ley SBAP en terrenos con concesiones mineras y su efecto directo en proyectos tradicionales y nuevas exploraciones.
En cuanto a las próximas etapas, el gremio proyecta un seguimiento permanente de los cambios regulatorios y la evaluación de su impacto en el desarrollo de nuevas faenas, el uso hídrico y los objetivos nacionales vinculados a metas de 2030 y procesos de descarbonización.
