Molycop entrará en una fase crítica judicial luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente resolviera formalizar a sus principales ejecutivos en el marco de una querella presentada por CAP, en un caso que remueve las tensiones surgidas tras el cierre de la siderúrgica Huachipato. El gerente general, Gustavo Alcázar, y el gerente de finanzas, Patricio Lagos, deberán comparecer el próximo 27 de mayo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en calidad de imputados por el presunto delito de apropiación indebida, tras una indagatoria que inicialmente apuntaba a estafa. La causa se origina en una operación de compra de barras de acero por más de $7.598 millones (cerca de US$8 millones), cuyo pago fue rechazado por la empresa estadounidense, en un contexto de disputas contractuales y arbitrajes abiertos. El caso se proyecta como uno de los conflictos empresariales más relevantes del sector industrial-minero reciente, con potenciales implicancias penales para la alta administración.
Origen del conflicto: cierre de Huachipato y disputa comercial
La controversia se remonta al proceso de cierre de la planta siderúrgica Huachipato, perteneciente a CAP, que se concretó a partir de septiembre de 2024. En ese contexto, Molycop —principal cliente de la acerera— adquiría cerca del 70% de la producción de barras de acero utilizadas para fabricar bolas de molienda destinadas a la minería.
Durante la fase final de operaciones, CAP intentó ajustar al alza los precios de sus productos como medida para sostener la viabilidad de la siderúrgica, que operaba con pérdidas. Sin embargo, Molycop rechazó esta estrategia, lo que derivó en un conflicto comercial que escaló rápidamente a instancias arbitrales.
La empresa estadounidense presentó una demanda por aproximadamente US$8 millones, acusando sobreprecios en las barras de acero, mientras que CAP respondió con una contrademanda por montos superiores. Este litigio aún se encuentra en curso.
Operación cuestionada y querella
En medio de este escenario, Molycop realizó en agosto y septiembre de 2024 pedidos por más de 10 mil toneladas de barras de acero, ampliando posteriormente el volumen a 10.650 toneladas. CAP emitió las facturas el 20 de septiembre por un total de $7.598 millones, las cuales fueron rechazadas por la compradora semanas después.
Según la querella presentada por CAP, la empresa habría efectuado el encargo con pleno conocimiento de que no pagaría, utilizando como argumento la existencia del arbitraje en curso. La acción judicial sostiene que esta conducta configuraría una apropiación indebida, al recibir el material sin cumplir con la obligación de pago.
La representación legal de CAP está a cargo del abogado Marco Contreras, mientras que Molycop es defendida por Darío Silva, en una disputa que combina aristas civiles, arbitrales y ahora penales.
Cambio de calificación y proceso penal
La fiscal Mitzi Henríquez lidera la investigación, la cual incluyó recopilación de antecedentes, declaraciones de las partes e interrogatorios a los ejecutivos. En el transcurso de la indagatoria, el Ministerio Público recalificó los hechos desde estafa a apropiación indebida.
Ambos delitos contemplan penas que van desde 5 años y un día hasta 10 años de presidio efectivo, sin acceso a medidas sustitutivas. La eventual responsabilidad de altos ejecutivos podría ser considerada un agravante en la causa.
Hasta ahora, según consta en la causa, los imputados no han sido notificados personalmente, lo que obligó al tribunal a ordenar su comparecencia bajo apercibimiento de conducción por la fuerza pública en caso de inasistencia injustificada.
Implicancias para la industria
El caso se desarrolla en un momento de alta sensibilidad para la industria siderúrgica y minera en Chile, tras el cierre de Huachipato y la reconfiguración de la cadena de suministro de insumos críticos como las barras de acero.
La relación entre proveedores industriales y compañías vinculadas a la minería ha quedado bajo escrutinio, especialmente en lo relativo a contratos, precios y mecanismos de resolución de disputas. Este proceso judicial podría sentar un precedente relevante sobre la interacción entre conflictos comerciales y responsabilidades penales en el ámbito empresarial.
Con la audiencia de formalización fijada para fines de mayo, el caso Molycop-CAP entra en una etapa decisiva que podría redefinir no solo el curso de la disputa, sino también los estándares de conducta en operaciones industriales de alto volumen en Chile.
