Fiscalización del Consejo para la Transparencia
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una fiscalización aplicada a las municipalidades que recibieron recursos del royalty minero en 2024. El informe reveló que un 61% de los municipios no cumplió con la obligación de publicar en sus portales de transparencia activa el detalle del uso de estos dineros.
La revisión se centró en los recursos distribuidos mediante el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial —conocidos como “Fondos Puente”—, de acuerdo con lo exigido por la Ley N°21.591 y la Ley de Presupuestos 2024.
307 comunas beneficiadas
En total, 307 comunas recibieron $93.645 millones, fondos que las municipalidades pueden destinar libremente a sus funciones, salvo para el pago de deudas. Sin embargo, de esas comunas, 187 no cumplieron con publicar sus informes, ya sea porque no habilitaron el sub ítem correspondiente, entregaron información incompleta o la alojaron en otro apartado distinto al que indicaba la norma.
Además, de las 38 comunas que no recibieron estos fondos, un 24% tampoco informó en sus portales que no eran beneficiarias, como también lo exige la ley.
¿En qué se gastaron los recursos?
Según el CPLT, la totalidad de los municipios imputó los dineros a algún ítem presupuestario y un 97% declaró haber hecho gastos con cargo a estos fondos. La distribución fue la siguiente: 37% en iniciativas de inversión, 23% en bienes y servicios de consumo, 18% en transferencias corrientes, 12% en activos no financieros y 8% en personal.
Entre los mayores receptores estuvieron Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. El gasto más alto registrado fue el traspaso de $1.670 millones de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC).
Panorama para 2025
La Ley de Presupuestos 2025 ya no incluyó la obligación de publicar estos informes, lo que redujo aún más la transparencia. En una muestra de 20 municipios, solo un 20% entregó información voluntaria sobre la ejecución de los fondos.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que existen “brechas importantes de transparencia” en los gobiernos locales y recalcó que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se usan estos recursos públicos.
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