El Perú cuenta con un importante potencial para duplicar su producción de cobre en los próximos años, de acuerdo con un informe del Banco Central de Reserva (BCR). Según el ente emisor, en 2024 el país superó las 2.75 millones de toneladas métricas (TM) de cobre, cifra que podría incrementarse significativamente con el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
El BCR identificó un potencial adicional de 3.2 millones de toneladas métricas de cobre, volumen que supera ampliamente la producción registrada en 2024. Para materializar este crecimiento, se requeriría una inversión aproximada de US$ 47 mil millones, orientada principalmente a proyectos de gran escala, publicó Perú 21.
Entre las iniciativas con mayor potencial de extracción destacan Yanacocha Sulfuros, La Granja, Michiquillay y Tía María, proyectos estratégicos que podrían consolidar al Perú como uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, en un contexto de creciente demanda asociada a la transición energética y la electrificación global.
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Impacto significatico
De concretarse estos proyectos, la producción adicional de cobre representaría alrededor del 6.5% del Producto Bruto Interno (PBI) a lo largo de la vida útil de las minas. Desde el enfoque del gasto, la puesta en marcha de estas iniciativas implicaría una inversión privada equivalente al 15.7% del PBI, generando un impacto significativo en la economía nacional.
No obstante, el BCR advirtió que uno de los principales factores limitantes para el desarrollo de los proyectos mineros son los conflictos sociales, los cuales pueden generar paralizaciones y riesgos para la sostenibilidad de las inversiones. Estas tensiones suelen estar vinculadas a preocupaciones ambientales, sociales y a la percepción sobre la distribución de beneficios.
El informe recordó que las protestas de comunidades y poblaciones locales pueden detener operaciones y generar pérdidas económicas relevantes, como ocurrió con el proyecto Conga. Asimismo, la oposición social puede retrasar o impedir el acceso a los terrenos, incrementando los costos y plazos de ejecución, como en el caso de Tía María.
A estos desafíos se suma el exceso de tramitología. Proyectos como la Fase II de la expansión Toromocho y la Reposición Antamina enfrentaron demoras de entre cuatro y cinco años para la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), requisito clave para avanzar de la etapa de factibilidad a la de ingeniería de detalle.
