Cartera explicó que se está frente a un “rayado de cancha”, aunque destacaron que hay voluntad de que el caso pueda tener “un buen fin”.
La demanda ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la División Salvador de Codelco por daño ambiental fue analizada ayer en el Congreso por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, luego de que el jueves el Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobara la idea de suspender el proceso por 90 días para tantear una conciliación.
En el marco de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado calificó el conflicto como “complejo”, ya que no es un hecho puntual sino que un eventual daño ambiental por la extracción durante más de 40 años de agua del Salar de Pedernales.
“Se trata de una acción durante mucho tiempo y que pone en revisión el actuar de un titular de un derecho de agua y que extrae la mitad de lo que está autorizado”, indicó.
Teniendo en cuenta que el futuro de la División es clave por el proyecto Rajo Inca que busca darle continuidad al yacimiento, sostuvo que si no hay acuerdo se estaría frente a una iniciativa que no puede partir a pesar de tener todos los permisos autorizados, por lo que del resultado de la demanda “podría derivarse una situación extraordinariamente compleja”.
Y sentenció: “Esto no solo genera un problema para este caso específico sino que puede generar un precedente que -a mi juicio- puede ser muy complejo para el futuro”. Según explicó el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázaval, se está frente a un “rayado de cancha” que no es un derecho privado sino público, porque de alguna manera los que funcionan a la luz de las autoridades ambientales solamente pueden hacer aquello que está autorizado.
Así, agregó, “se da una situación súper compleja en que obviamente existe el mismo Estado el que da sus autorizaciones y eso podría quedar en tela de juicio con esta demanda por daño ambiental respecto al actuar del mismo Estado. Esa es la complejidad jurídica de esta demanda por daño ambiental”.
Pero Prokurica reconoció que hay “voluntad de que esto pueda tener un buen buen fin”, tanto desde el punto de vista de que se determinen cuáles son los supuestos daños como -si así fueran los requerimientos que se piden en la demanda. Las autoridades enfatizaron que el acuerdo no puede ser económico entre las partes sino ambiental que tiene que ver con el objeto de la demanda que es la reparación.
