Royalty minero vuelve al centro del debate regional tras los dichos de la diputada electa y exministra de Minería, Marcela Hernando, quien afirmó: “Los gobernadores regionales no saben qué hacer con la plata y se está apozando igual como se está apozando la del litio”. La crítica apunta a la ejecución de recursos que, por diseño legal, deben transformarse en inversión local y desarrollo productivo.
Qué dijo Marcela Hernando y cuál es el punto de fondo
Hernando puso el foco en la capacidad de gobiernos regionales y servicios asociados para transformar ingresos extraordinarios en proyectos concretos. En su planteamiento, parte del problema es operativo: recursos disponibles que quedan acumulados por falta de herramientas, carteras maduras o mecanismos de salida y asignación.
La comparación con el litio, además, instala un segundo eje: no basta con recaudar o capturar rentas; la discusión se traslada a cómo se gestionan y ejecutan esos fondos en el territorio.
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Cuánto dinero se ha distribuido y cómo se reparte el royalty
En 2025, el Royalty Minero distribuyó $218.625 millones como recursos de libre disposición a 308 municipios, equivalentes al 89% de las comunas del país, según el detalle de la asignación 2025 en 308 comunas. Ese mismo desglose indica que los aportes se dividen entre:
- Fondo de Comunas Mineras (FCMI): $55.720 millones (44 comunas).
- Fondo de Equidad Territorial (FET): $165.905 millones (301 comunas).
En paralelo, la estructura del royalty incluye financiamiento para los 16 gobiernos regionales a través del fondo de productividad y desarrollo, con foco en inversión estratégica. Un resumen actualizado del esquema y sus usos está en qué es el royalty y en qué se puede usar.
Fondos Puente 2024: el adelanto y sus reglas
Antes de la recaudación plena, 2024 operó con un mecanismo transitorio. La minuta de Hacienda sobre los Fondos Puente del Royalty Minero detalla que en abril de ese año se distribuyeron $93.646 millones de libre disposición a 307 municipios, con:
- $70.755 millones para el FET (300 comunas).
- $22.891 millones para el FCMI (43 comunas).
El documento también explicita una restricción clave: estos recursos no pueden destinarse a deuda municipal, y su lógica es anticipar el acceso bajo condiciones similares a los fondos regulares.
En qué se pueden usar los recursos: municipalidades y gobiernos regionales
La normativa distingue usos según el receptor. En el caso municipal, el royalty opera como gasto de libre disposición para prioridades locales, con ejemplos de implementación descritos en qué es el royalty y en qué se puede usar.
Para los gobiernos regionales, el mismo marco establece una regla más estrecha: los fondos deben destinarse a inversión productiva, como:
- fomento de actividades económicas locales,
- programas de desarrollo regional sostenible,
- promoción de investigación científica y tecnológica.
Litio: la escala que citó Hernando y el umbral del 40%
En su comparación, Hernando mencionó la estructura de pagos asociada a contratos de arriendo vinculados al Salar de Atacama. La estructura tarifaria para el carbonato de litio incluye una tasa máxima de 40% cuando el precio supera los US$ 10.000 por tonelada, según la tabla incluida en la Memoria Anual 2024 de SQM Salar SpA.
Ese mismo documento describe, además, compromisos anuales asociados al acuerdo con Corfo, incluyendo aportes a investigación y desarrollo, comunidades aledañas y desarrollo regional.
Transparencia, ejecución y próximos reportes
Más allá de la discusión política, la implementación ya enfrenta exigencias de control, evaluación y rendición. Un panorama reciente sobre brechas de gestión, seguimiento e indicadores está en desafíos en transparencia y evaluación de impacto.
En terreno, el debate también se conecta con el ciclo de ejecución y obligaciones de reporte que enfrentan los municipios desde los Fondos Puente, como se describió en el adelanto de los Fondos Puente 2024, donde se recalca que los recursos deben traducirse en iniciativas y rendición bajo criterios de transparencia activa.
