La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) manifestó su preocupación ante la reciente resolución del Segundo Tribunal Ambiental, instancia que dejó sin efecto la aprobación del proyecto «Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva» de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Esta iniciativa, estimada en más de US$3.200 millones en la región de Tarapacá, representa uno de los proyectos mineros más relevantes del país y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en diciembre de 2021.
La decisión judicial ordena retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental, paralizando un proceso técnico que ya había sido ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023, lo cual introduce un complejo factor de incertidumbre para el desarrollo productivo nacional.
Jorge Riesco, presidente de SONAMI, advirtió que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.
El timonel agregó que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización. Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.
Cabe destacar que Collahuasi constituye un actor económico crítico para la Región de Tarapacá, generando más de 7.000 empleos directos e indirectos. Asimismo, su contribución económica total estimada alcanza aproximadamente US$4.731 millones, lo que equivale al 1,32% del PIB nacional y al 46,8% del PIB de la región.
