El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, calificó como positivos los anuncios del gobierno tendientes a hacerse cargo de los nudos existentes en la gestión y aprobación de permisos, y continuar realizando “esfuerzos para reducir incertezas, plazos y espacios de discrecionalidad en la tramitación de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, especialmente para la industria minera, sector productivo expuesto a una gran cantidad de regulaciones”.
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“Tenemos que estudiar los anuncios con profundidad, pero desde ya valoramos que la autoridad se haya sensibilizado de la importancia que tiene abordar estos temas prontamente. De la misma forma, esperamos que el Congreso pueda avanzar rápidamente en su aprobación, otorgando al mismo tiempo las facilidades para proponer y conversar posibles mejoras, para lo cual SONAMI está disponible para hacer su aporte en la materia”, afirmó Riesco. Recordó que en el sector minero se ha identificado casi 440 trámites, que se traducen en más de 309 permisos, de los cuales 63 son permisos sectoriales prioritarios.
“Hemos insistido en que esto se traduce en un extenso periplo donde participan distintos funcionarios, de diversos servicios y dependientes de diferentes autoridades, cuyas competencias se confunden, duplican o superponen, haciendo de esto un proceso extremadamente desgastante y carente de todo sentido práctico, además de excesivamente lento, oneroso e incierto en sus resultados”, añadió, señalando además que “vale la pena aprovechar esta oportunidad para hacer una revisión lo suficientemente profunda para obtener resultados relevantes. Los anuncios mencionan una reducción de plazos de un mínimo de 24%, que es algo menor a la expectativa derivada del compromiso asumido durante la tramitación del royalty minero”.
“Creemos que detrás de la idea de eliminar el Comité de Ministros está el objetivo de reducir o eliminar el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Si bien es necesario avanzar en ese sentido, también es importante mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo revisar la decisión, previo a la judicialización. Los esfuerzos deben centrarse en generar un mejor diseño institucional, para que las decisiones que surjan permitan restringir la discrecionalidad y garantizar la calidad técnica del proyecto, en un procedimiento concentrado, transparente y expedito, que garantice certeza jurídica y resguardos contra la arbitrariedad funcionaria”, afirmó Jorge Riesco.
Con todo, y sin perjuicio de las iniciativas legislativas anunciadas, el presidente de SONAMI considera que es posible avanzar simultáneamente en la implementación de medidas administrativas y de gestión que apunten a abordar los desafíos identificados en la tramitación de permisos y planteados en la mesa del royalty. A modo de ejemplo, se podría regular desde ya la aplicación de nuevos documentos, criterios, guías e instructivos del SEA a procedimientos de evaluación en curso.
Del mismo modo, el titular de SONAMI dijo que hay medidas concretas que podrían implementarse inmediatamente, sin esperar a la aprobación de las modificaciones legales, y que podrían tener un impacto significativo en la producción minera, entre las que se han propuesto: elevar el umbral de exención de ingreso al SEIA para la pequeña minería a 45.000 toneladas de mineral al mes; flexibilizar la tramitación de proyectos de continuidad operacional por la vía de declaraciones juradas, y abrir una ventana de 4 o 5 años para permitir aumentos de un 20% de producción de faenas en operación.
