High Seas Treaty impulsa oposición a la minería submarina en cumbre climática de la ONU en Nueva York
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Un nuevo tratado internacional para proteger la vida marina promete intensificar el debate sobre la minería submarina durante la cumbre climática de la ONU que se celebra esta semana junto a la Asamblea General de líderes mundiales.
El Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), entrará en vigor en enero de 2026 tras la ratificación de Marruecos, el país número 60 en respaldarlo, lo que permitió superar el umbral necesario para que se active como acuerdo de la ONU.
Un avance histórico para la conservación marina
Aunque el tratado no menciona explícitamente la minería submarina, sí obliga a los Estados a coordinarse con organismos como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), con sede en Jamaica, que hasta ahora no ha aprobado operaciones mineras comerciales en aguas internacionales.
Organizaciones ambientalistas celebraron la ratificación. Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Natural Resources Defense Council, calificó la iniciativa como una oportunidad de conservación «que ocurre una vez en una generación».
Por su parte, la directora general de WWF Internacional, Kirsten Schuijt, la describió como «un punto de inflexión para dos tercios del océano mundial que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales».
Minería submarina: impulso y controversia
A pesar del entusiasmo conservacionista, varios países siguen avanzando en sus planes de extracción minera en aguas profundas. Horas después de alcanzarse el umbral de ratificación, India firmó un contrato de 15 años con la ISA para explorar sulfuros polimetálicos en el océano Índico, consolidando la mayor zona de exploración asignada por el organismo.
India también busca licencias para explotar níquel, manganeso y cobre en el océano Pacífico, reforzando su papel en la carrera global por minerales estratégicos.
Francia es hasta ahora el único país del G7 que ha ratificado el Tratado de Alta Mar, aunque se espera que más naciones lo hagan durante la cumbre climática en Nueva York. En contraste, Estados Unidos aún no ha dado el paso definitivo: si bien el gobierno de Joe Biden firmó el acuerdo, la administración de Donald Trump no lo ha ratificado y ha optado por impulsar licencias mineras directas para empresas privadas, sin pasar por el regulador de la ONU.
Empresas y competencia global
El sector privado se mueve con rapidez. La estadounidense Impossible Metals ya solicitó permisos para explorar en la zona Clarion-Clipperton (Pacífico), rica en nódulos de cobre, níquel y manganeso, esenciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.
La canadiense The Metals Company (TMC), por su parte, presentó en abril una solicitud comercial y en junio obtuvo una inversión de 85,2 millones de dólares de Korea Zinc, que busca posicionarse como alternativa no china en el refinado de metales para la transición energética.
El debate: oportunidad o riesgo ambiental
Mientras la industria defiende que la minería submarina podría tener un impacto ambiental menor al de la minería terrestre, los científicos advierten que los ecosistemas de las profundidades marinas son frágiles y poco estudiados, lo que podría generar efectos en cadena para la biodiversidad.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda global de cobre y tierras raras crecerá un 40% hacia 2040, mientras que la de litio, cobalto y níquel podría aumentar hasta un 90%. Ante este escenario, la presión por abrir nuevas fuentes de suministro choca directamente con los compromisos de conservación marina.
