Un tribunal de Misuri ha permitido el litigio que fue presentado hace 17 años por más de 1.400 ciudadanos peruanos en contra del multimillonario estadounidense Ira Rennert y su empresa matriz. El tribunal desestimó una moción para desestimar una demanda por presunta intoxicación por plomo en niños causada por una fundición operada en Perú.
La empresa Doe Run Resources
El grupo Renco, con sede en Nueva York, es la empresa matriz de Doe Run Resources, con sede en St. Louis. Doe Run Resources adquirió un complejo de fundición y refinación en Perú a través de su subsidiaria peruana en octubre de 1997. En ese momento, la fundición y la refinación eran las segundas más grandes de América Latina y estaban sujetas a un plan de remedio ambiental para reducir las emisiones de plomo.
Contaminación y enfermedad en niños
La Universidad de San Luis, una institución católica, envió investigadores a Perú para realizar pruebas en niños locales después de enterarse de informes de contaminación y enfermedad. «Encontraron algunos de los niveles más altos de plomo en sangre en la historia del mundo en estos niños. Eso es lo que finalmente desencadenó nuestra presentación de este caso», dijo Jerry Schlichter, abogado de San Luis.
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Demanda presentada por monjas
En 2007, las monjas Kate Reid y Mary Heeny presentaron varias demandas en nombre de los ciudadanos peruanos afectados. Según los documentos judiciales, argumentaron que Doe Run Peru no redujo adecuadamente las emisiones de plomo de acuerdo con el plan de remediación ambiental. Desde entonces, se han presentado numerosas demandas similares en la Corte Federal de Misuri.
Uso de estrategias de defensa
Doe Run Resources y su empresa matriz intentaron argumentar que la ley peruana debería aplicarse en lugar de la ley estatal de Misuri. Además, Schlichter afirmó que Doe Run utilizó una estrategia de defensa agresiva en todos los aspectos del caso.
Otras demandas contra Renco
Rennert ha enfrentado otras demandas en el pasado, incluyendo una en la que un grupo de jubilados ganó una batalla legal por la reducción de sus pensiones. También se le ordenó pagar un juicio de más de $200 millones en otro caso en el que se le acusó de saquear una empresa.
