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El subsecretario de Minería adelanta que, además de alzas en la capacidad en las operaciones existentes, sería interesante ver nuevos desarrollos. “Es posible pensar en colaboración público-privada”, asegura.
El cierre de la Fundición Ventanas marcó un hito en la minería en Chile. Tras ser apuntada -junto a otras empresas de la zona- por las intoxicaciones que han afectado a la población de la localidad costera de la Región de Valparaíso, y de la decisión de cesar sus operaciones, en la discusión pública asomó la necesidad de reponer las capacidades de fundición en el país. Lo estableció la ley que determinó el cierre de Ventanas y el Ejecutivo ha estado trabajando en actualizar los diagnósticos existentes.
El subsecretario de Minería, Willy Kracht, adelanta en esta entrevista una de las propuestas que su cartera debe presentar a las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y del Senado, de cara a aumentar la capacidad estatal de fundición de cobre.
“Una cosa es el fortalecimiento de capacidad actual, y uno podría incluso pensar en aumentos de capacidad en operaciones existentes, pero a nosotros sí nos parece que sería interesante ver el desarrollo de un proyecto nuevo. Eso, porque estamos conscientes de que con las tecnologías que hay disponibles hoy, más de 30 años después de que se construyó la última fundición, es posible desarrollar proyectos con un altísimo estándar ambiental que son rentables y que no están asociados a la generación de zonas de sacrificio”, dice Kracht.
El ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en Minas y Materiales por la Universidad McGill de Canadá, ha estado al frente de las conversaciones que su cartera ha desarrollado al respecto. El 3 de mayo inició un proceso de diálogos participativos en los que ya se reunieron con la academia y representantes de la industria minera. ¿Quiénes? “Anglo American, Glencore, que son las dos privadas; Codelco y Enami, pero también con los gremios mineros Sonami y el Consejo Minero”, detalla Kracht.
En el itinerario aún restan conversaciones con trabajadores, sociedad civil y la Mesa de Diálogo Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), las que coparán la agenda hasta fines de junio. Todo de cara al 19 de julio, cuando expira el plazo legal para entregar el mencionado informe.
Si bien el personero no detalló dónde podría ubicarse una nueva fundición estatal, sí revela que han tenido conversaciones con el Ministerio de Bienes Nacionales para afinar la propuesta. Otro aspecto sobre el que entrega luces es una posible asociación público-privada, que permita hacer eficiente la operación. “Históricamente las fundiciones se habían entendido muy asociadas al negocio minero directamente, con el mismo propietario incluso”, dice.
¿Casi una integración vertical?
-Claro, claro. Y ahí se trabajó por mucho tiempo con lo que eran estas fundiciones integradas. Es decir, el mismo empresario minero o la misma compañía minera tenía su fundición y eso estaba muy vigente hasta el momento, al menos donde se desarrollaron fundiciones en Chile. Y cuando uno mira la evolución que ha tenido el negocio fundición en el tiempo, ha tendido a desintegrarse. Quizás hoy los modelos más interesantes de fundición son los así llamados custom smelter, en que un fundidor no trabaja necesariamente asociado a una mina en particular, sino que tiene acceso a distintas fuentes de alimentación que le permiten generar las mezclas que optimizan el proceso. Entonces ahí es relevante conversar no sólo con los que hoy tienen fundiciones, sino también con las compañías mineras que hoy producen concentrado.
En ese sentido, ¿es posible pensar en que el Estado desarrolle fundiciones asociándose con privados, por ejemplo, en un joint venture?
-Creo que si uno lo mira desde la óptica técnica, uno puede ver rápido que independientemente de la propiedad de la operación, la fundición tiene que recibir material que proviene de distintas fuentes. Entonces, bien a priori uno puede prever que se tiene que establecer algún tipo de colaboración. Entonces, sin discutir sobre los modelos de propiedad, sí es posible pensar en colaboración público-privada.
¿Entonces existe el interés del sector privado para que se aumente la capacidad de fundición en Chile?
-Cuando uno conversa con los mineros te dicen rápido, sí a nosotros nos interesa, pero tiene que ser en condiciones de mercado, que es un borde para que sea atractivo. Tiene que ser atractivo en términos económicos para el minero fundir acá, pero hay que hacer algunas distinciones. Cuando pensamos en ampliar la capacidad de fundición, no estamos pensando en llegar al punto en que ya no sale concentrado y todo sale como refinado. Nosotros queremos aumentar la capacidad de producción de modo tal que nos permita no seguir aumentando la cantidad de concentrado que se exporta. Esto tiene que hacerse generando condiciones que hagan atractivo para los productores mineros fundir en Chile, desde la perspectiva del negocio. En ningún caso se están considerando generar condiciones mandatorias, de una obligación de copar la capacidad que se pudiera construir.
¿Cuáles son las condiciones?
-Lo primero es que cualquier nuevo desarrollo tiene que ser rentable, es decir, tiene que ser negocio, pero además tiene que ser limpio. Las condiciones para el nuevo proyecto de fundición es que tienen que ser rentables y limpias.
En eso tuvo mucho que ver el por qué se cerró Ventanas, porque llevarla a ese nivel de captura de gases tóxicos la volvía una inversión inviable. ¿Cómo ve finalmente las capacidades estatales de financiar proyectos que requieren montos considerables?
-Cuando hablamos de fortalecer la capacidad de fundición, hay que distinguir dos casos. Uno es sobre qué hacer con la capacidad actual y qué condiciones tiene que cumplir una nueva fundición. Sobre la capacidad actual, el Decreto Supremo N° 28 que les exigió a las fundiciones un cierto nivel de captura de gases, en particular el SO2 y arsénico, decía que tiene que capturar el 95% y hoy eso está en proceso de revisión. Entonces va a aumentar la exigencia. Lo que ocurre es que cuando uno aumenta la exigencia, tan importante como la nueva exigencia es el plazo que tú le das a la compañía o a las distintas fundiciones para cumplir con la nueva exigencia. Y ahí nosotros estamos poniendo mucha atención, porque esos plazos tienen que conversar con los tiempos que se requiere para implementar proyectos de mejora.
¿Pedirán planes de cumplimiento para que las actuales fundidoras puedan establecer metas razonables?
-Sí, y ahí hay una cuestión que es relevante. Si hay algo que ha cruzado la discusión sobre desarrollo productivo es este principio de transición socio ecológica justa. Entonces, hay conciencia de que es necesario aumentar la exigencia de desempeño ambiental, pero a la vez de que eso no puede ocurrir de la noche a la mañana. Por ejemplo, si yo digo que a mí me interesa aumentar en dos o tres puntos porcentuales la captura de gases, yo no lo puedo pedir que ocurra de aquí a seis meses, porque ningún proyecto se alcanza a desarrollar, por lo tanto, sería poco razonable. Tampoco tiene sentido que yo ponga esa meta en diez años más porque sería demasiado lento. Entonces hay por ahí entremedio algún plazo que es el justo equilibrio.
En octubre de 2022, Codelco ingresó su tercer requerimiento para que el Ministerio de Minería, el encargado de entregar los Contratos de Operación Especial de Litio (CEOL), dirima el futuro del salar de Maricunga, donde otras empresas privadas también tienen pertenencias. El plan de la compañía es extender el CEOL otorgado en 2018 a todo el depósito, argumentando que las pertenencias previas a 1979 son sobre minerales no metálicos. Eso afectaría a las otras empresas presentes allí: Minera Salar Blanco, con 2.541 hectáreas (aunque solo 1.125 hectáreas son pre 79); el consorcio Simco, que entre Cominor, del grupo Errázuriz, y Simbalik declaran 966 hectáreas; y SQM, que tiene cerca de 6.600 hectáreas, pero posteriores a 1979.
Ese requerimiento aún no ha sido resuelto.
¿Todas las empresas presentaron reparos?
-SQM tiene pertenencias, sí, pero no se ha hecho parte de este proceso.
¿Salar Blanco y Simco sí lo hicieron?
-Sí, ellos presentaron sus argumentos. Y en el Ministerio esto aún no se resuelve porque hay otros procesos judiciales abiertos, también de parte de estas empresas, donde aparece el mismo argumento y entonces como eso todavía no está resuelto, no hay un pronunciamiento por parte del Ministerio.
¿El ministerio tiene que esperar el pronunciamiento en esos procesos judiciales para cerrar el proceso administrativo?
-No necesariamente, pero nos ha parecido prudente esperar qué es lo que ocurre ahí.
¿Entonces se resolverá después de esos pronunciamientos judiciales?
-Yo no daría una respuesta taxativa, porque los procesos judiciales uno sabe cuándo parte, pero no cuándo terminan. Es de nuestro interés que se desarrolle actividad productiva en un salar de Maricunga. Yo le podría decir vamos a esperar hasta que haya algún pronunciamiento y ver qué tesis jurídica es la que prima. Pero si eso demora demasiado, no es nuestro interés generar condiciones que demoren el desarrollo de un proyecto ahí.
¿Se pone algún plazo entonces para cerrar ese proceso?
-Más que sobre este proceso específico, apuntaría a mirar los plazos que estamos observando respecto del desarrollo de proyectos en general. Respecto de la estrategia del litio, hay un proceso de diálogo que debería iniciar formalmente pronto; de aquí a fin de año nosotros vamos a estar presentando el proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio. Probablemente en torno a esos plazos también nosotros vamos a estar abriendo estos procesos para desarrollar nuevos proyectos. Nos parece que cuando eso ocurra, esto ya debería estar resuelto. Entonces, apuntaría a que durante el segundo semestre tengamos noticias.
Al final de este gobierno, ¿usted cree que se habrá agregado otro salar a la producción de Chile, además del salar de Atacama?
-Yo espero que al final de este gobierno haya al menos un proyecto adicional, y uno espera que sean más, pero debería haber más proyectos en desarrollo. Sería irresponsable proyectar que va a haber producción nueva de litio ya operativa en algún otro salar porque es difícil predecir cuánto van a tomar todos los permisos y el desarrollo infraestructura. En el caso de Maricunga, a nosotros sí nos gustaría que al final del gobierno el proyecto de explotación ya esté al menos en construcción.
¿Y Maricunga será un salar estratégico?
–Para poder resolver sobre cuáles salares son estratégicos y cuáles no, tenemos que resolver cuáles salares o partes de salares van a ser salares protegidos. Entonces es un proceso que está en curso, y yo preferiría no adelantar nada al respecto.
Fuente: La Tercera
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