Con 36 recomendaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló este jueves los resultados de la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) de Chile, un relevante examen cuyo objetivo es ayudar a Chile a mejorar su desempeño ambiental, con especial atención esta vez a la gestión del agua y las políticas hídricas.
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Llevar a cabo una reforma integral de la asignación de agua con el fin de atajar la sobreexplotación y la asignación excesiva de recursos y estudiar la posibilidad de definir los derechos de agua como parte de los recursos disponibles. Esta es una de las recomendaciones que instala el organismo en un extenso documento para el Estado de Chile.
A esto suma formalizar un marco jurídico y regulatorio claro sobre la recolección, reutilización, eliminación y control de las aguas grises; reforzar la regulación sobre desalinización. Y también acelerar la elaboración de normas secundarias de calidad del agua; adoptar normas más estrictas de vertido de aguas residuales, ampliar su cobertura a sectores clave, como la agricultura, con inclusión de la acuicultura.
Entre otras medidas, propone reducir el agua no facturada y mejorar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático en el abastecimiento urbano de agua y saneamiento; avanzar en el tratamiento terciario de aguas residuales (incluyendo la eliminación de nutrientes), con una regulación más estricta de los vertidos a masas de agua en riesgo de eutrofización; y además acelerar la aplicación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales.
En cuanto a la gestión y planificación de recursos hídricos, apuesta a establecer una autoridad pública central para regular, planificar, desarrollar, conservar y proteger los recursos hídricos; junto con reforzar la coordinación de la gestión del agua a todos los niveles. Y dar prioridad a la aprobación del proyecto de ley para la formalización de la gobernanza a escala de cuenca con el fin de establecer autoridades de cuenca fluvial con funciones claras de planificación y gestión, aprovechando las lecciones de los proyectos piloto.
En esta materia también se plantea desarrollar Planes Estratégicos de Gestión de los Recursos Hídricos; y reforzar el control y la fiscalización de las captaciones hídricas y la calidad del agua, estableciendo un sistema de información centralizado para la gestión de la cantidad y la calidad del agua.
La OCDE también aborda los instrumentos económicos y la financiación de la gestión del agua que contribuyan a una mejor aplicación de los principios de «quien contamina paga» y «quien se beneficia paga». En concreto, sugiere introducir instrumentos económicos para la gestión del agua. Por ejemplo, gravámenes a la extracción e impuestos sobre el vertido de efluentes en el agua y el uso de pesticidas y fertilizantes.
Y apunta a examinar un conjunto más amplio de estrategias para aumentar la financiación de inversiones relacionadas con el agua, tales como las asociaciones públicoprivadas, los bonos «use of proceeds» (cuya recaudación se destina exclusivamente a un propósito especificado) y el pago por servicios ecosistémicos.
Objetivos climáticos «más estrictos» y acelerar descarbonización
La OCDE recoge la Ley Marco de Cambio Climático impulsada por el país, instando a implementarla de forma integral y oportuna con un enfoque pangubernamental, pero también toca los esfuerzos de descarbonización del país.
Sobre este último proceso, sugiere completar el cierre de las centrales alimentadas con carbón con celeridad y conforme a un calendario bien definido, teniendo presente el concepto de transición justa; acelerar la integración de fuentes de energía renovable en la red eléctrica; fijar un marco temporal para el establecimiento gradual de niveles más elevados del impuesto al carbono, así como un ámbito de aplicación más amplio de dicho gravamen.
Pese a los esfuerzos, apunta a establecer objetivos climáticos más estrictos para los sectores del transporte y la construcción; potenciar la coordinación de planes de adaptación al cambio climático; asignar suficientes recursos para garantizar la implementación de la Ley para la Naturaleza, y aplicar sin demora el proyecto de ley que promueve la valorización de residuos orgánicos, acelerando la aplicación de nuevos regímenes de responsabilidad extendida del productor y reforzando el uso de impuestos sobre los vertidos.
Las tareas no quedan ahí, ya que -entre otras- también se plantea garantizar que las autoridades despliegan recursos suficientes para cumplir con éxito los compromisos ambientales y resolver los problemas de capacidad para su cumplimiento; y reforzar la calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental (EIA), garantizando una participación significativa de la población, especialmente de las comunidades indígenas. A lo que se suma reforzar la capacidad institucional de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) con recursos suficientes.
Para recoger estas recomendaciones, la presente EDA tuvo dos capítulos principales: «Hacia un desarrollo sostenible» y «Gestión y políticas del Agua».
El análisis por el desarrollo sostenible
En cuanto al primero, como tendencias principales, la OCDE indica que los avances en la desvinculación de las presiones ambientales del crecimiento económico han sido limitados en Chile desde 2010.
El organismo reconoce que Chile está muy expuesto y es vulnerable a los efectos del cambio climático. «Ha realizado grandes progresos en el desarrollo de una cartografía localizada de riesgos climáticos y en el análisis de la vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, la falta de recursos financieros y de capacidad impide avanzar en la adaptación al clima. Para aplicar con éxito las medidas de adaptación es necesario reforzar la coordinación entre los distintos niveles administrativos y desarrollar la capacidad».
También, destaca que Chile dio «un gran paso adelante» en su política climática mediante un esfuerzo conjunto de todos los ministerios. En esa línea, precisa que la Ley Marco de Cambio Climático establece como objetivo nacional vinculante alcanzar cero emisiones netas en 2050, pero «Chile no está en vías de alcanzar los objetivos nacionales de emisiones de GEI».
De hecho, detalla que las emisiones aumentaron significativamente en el período 2010-2019 y no se prevé que alcancen un punto de inflexión máximo antes de 2025. «Sigue habiendo retos para garantizar la aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático. El Gobierno debe precisar cuanto antes planes sectoriales y regionales que permitan cumplir las metas», advierten.
Asimismo, el organismo sostiene que es preciso adoptar medidas ambiciosas para reducir las emisiones de GEI, como ejecutar el plan de clausura de todas las centrales a carbón de aquí a 2040 e impulsar la generación de energías renovables, al tiempo que se resuelve la carencia de líneas de transmisión.
«Los sectores del transporte y la construcción deberían contar con objetivos climáticos más estrictos que estimulen nuevas inversiones en transporte público sostenible, así como la electrificación de vehículos y sistemas de calefacción de edificios», se plantea.
La alerta también se levanta en cuanto a la contaminación atmosférica que -a juicio del organismo- constituye un «grave problema de salud pública»: «Chile avanzó en la reducción de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos, pero las concentraciones de MP2.5 se mantienen entre las más altas de la OCDE y superan ampliamente las directrices de la Organización Mundial de la Salud, lo cual plantea importantes riesgos para la salud del 98,6% de la población».
A esto suma que los problemas de gestión de residuos deben abordarse con prontitud para avanzar hacia una economía circular.
En cuanto a la gobernanza y gestión ambientales, la OCDE afirma que desde 2016 Chile ha fortalecido las instituciones y la gobernanza relativas al medio ambiente. Y advierte: «Al mismo tiempo, el Gobierno se enfrenta a graves problemas de capacidad en cuestión de recursos humanos y financieros para alcanzar los objetivos ambientales. Es necesaria una mayor descentralización para potenciar los servicios ambientales desde las administraciones locales, que tienen una autonomía limitada». Y que la vigencia del cumplimiento normativo se ha ampliado con nuevas tecnologías, pero los recursos siguen siendo insuficientes.
Asimismo, ve que hay mucho margen para mejorar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Al respecto, se indica -entre otros aspectos- que reforzar la calidad técnica de las EIA es cada vez más importante en el contexto de nuevos proyectos de envergadura, como la producción de hidrógeno verde y litio.
En materia de coherencia de las políticas para conseguir un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, se indica que la reforma fiscal verde impulsó el uso de instrumentos económicos para fines ambientales, como el establecimiento del impuesto al carbono (US$ 5 por tonelada de CO2 ) y el sistema de compensación de emisiones. «Aunque Chile figura entre los países de América Latina y el Caribe con tasas medias efectivas de gravamen al carbono más elevadas, se encuentra muy por debajo de otros países de la OCDE. Un aumento del tipo del impuesto al carbono reflejaría mejor los costos sociales de la contaminación», sostiene.
Asimismo, dice, cabe la posibilidad de contemplar otros impuestos y gravámenes relacionados con el medio ambiente, como una tasa por vertido: «Hay que racionalizar los impuestos aplicados al transporte mediante la eliminación de exenciones (por ejemplo, en el transporte de mercancías). Los ingresos generados por los cánones mineros podrían destinarse a fines ambientales, en particular para hacer frente a la contaminación heredada del pasado (por ejemplo, minas abandonadas)».
El diagnóstico por gestión del agua
De entrada, la OCDE reconoce que Chile se enfrenta a una crisis hídrica grave y cada vez más profunda, que se traduce en conflictos sociales crecientes. En esa línea, advierte que las medidas de emergencia no resultan adecuadas para gestionar los recursos hídricos de forma sostenible.
«La ampliación de nuevas fuentes de suministro, como la desalinización y la reutilización de aguas residuales, tiene un potencial considerable. Sin embargo, Chile también debería introducir medidas de gestión de la demanda, mejorar la eficiencia en el uso del agua y garantizar un sistema de asignación de agua robusto y flexible, entre otras razones para hacer frente a los efectos del cambio climático», alerta.
Seguir reformando la asignación de agua es otra tarea para Chile, a juicio del organismo. Si bien reconoce que la reforma del Código de Aguas de 2022 supuso un avance positivo, al consagrar la prioridad del abastecimiento de agua para consumo humano e introducir concesiones de duración definida para los nuevos derechos de agua, ve que «siguen sin resolverse cuestiones relacionadas con los derechos de agua existentes, que están definidos como propiedad privada, cedidos de manera gratuita a perpetuidad y han sido objeto de una sobreasignación».
«Los flujos ambientales no están asegurados. Deben llevarse a cabo reformas más integrales de la asignación de agua para disponer de más flexibilidad a la hora de ajustar la cantidad de agua extraída en sintonía con el suministro sostenible», dice.
Asimismo, señalan que las normas de calidad del agua son incompletas y las normas de vertido de aguas residuales deberían ser más estrictas.
Respecto a la gobernanza y políticas hídricas, la OCDE dice que emprender proyectos piloto de cuenca fluvial supone un avance para reforzar la gobernanza del agua. Y reconoce que la población chilena disfruta de altos niveles de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento.
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