La propuesta de modificar la ley de glaciares en Argentina ha encendido un intenso debate tanto dentro como fuera del país. Esta reforma, que ya cuenta con media sanción en el Senado, podría afectar drásticamente la protección de estos cuerpos de hielo, elementos clave para los recursos hídricos compartidos en la región andina. Chile, como vecino, sigue el asunto con atención por los impactos potenciales en sus cuencas.
Una ley pionera bajo presión
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 en Argentina fue la primera normativa regional con jerarquía constitucional que protege glaciares y ambientes periglaciares como reservas de agua estratégicas. La norma prohíbe actividades como minería, hidrocarburos o la liberación de contaminantes en estas zonas. Además, definió los criterios técnicos para identificar glaciares e incluyó un Inventario Nacional realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que actualmente registra casi 17.000 glaciares en el país, distribuidos en 12 provincias.
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La aplicación de esta ley no ha estado exenta de tensiones. Movimientos ciudadanos y científicos han advertido que la reducción de los glaciares sigue siendo preocupante. Según datos del IANIGLA, en la región de los Andes desérticos se ha registrado una disminución del 17% en la cobertura de hielo. Organizaciones sociales, como la Asamblea Jáchal No Se Toca, afirman que modificar la ley aumentará estos riesgos, afectando negativamente los sistemas fluviales esenciales para agricultura y consumo humano.
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Cambios propuestos y controversias
El proyecto de reforma incluye dos modificaciones principales. En primer lugar, restringiría la protección a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva” para las cuencas, excluyendo potencialmente áreas del entorno periglacial. En segundo lugar, delegaría en cada provincia la evaluación de la relevancia hídrica de los glaciares, desplazando al Estado nacional de esa tarea.
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Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resumió la inquietud entre ambientalistas y científicos: “Vamos a cambiar un criterio científico para la protección de glaciares por un criterio político”. Desde la perspectiva del ejecutivo argentino, la medida es fundamental para potenciar el desarrollo de la minería, sector que podría generar inversiones de hasta USD 33.000 millones y entre 180.000 y 200.000 empleos hacia 2032, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Impacto internacional y voces en contra
La reforma no solo ha despertado movilizaciones en provincias como San Juan y Mendoza, sino que ha traspasado fronteras. Naciones Unidas ha advertido que los cambios pueden vulnerar derechos humanos, incluyendo el acceso al agua y a un ambiente sano. Además, informes de organizaciones como Fundación Vida Silvestre indican que el 56% de las especies evaluadas en Argentina dependen de agua proveniente de glaciares.
Lucas Ruiz, glaciólogo del CONICET, considera que “el daño a la normativa ambiental” es el riesgo más evidente. Argumenta que la inseguridad jurídica derivada podría crear conflictos sociales y obstaculizar los mismos proyectos mineros que buscan impulsar. Por otro lado, industrias agrícolas cercanas, ya afectadas por la disminución de caudal en ríos como el Jáchal, temen que las reformas empeoren su situación.
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Próximos pasos: Diputados decidirá el futuro
La Cámara de Diputados de Argentina discutirá el proyecto en audiencias públicas organizadas los días 25 y 26 de marzo. Más de 65.000 personas se inscribieron para participar, aunque solo 200 podrán exponer debido a limitaciones en los tiempos de sesión. La votación final está programada para abril.
Lo que está en juego trasciende fronteras. Mientras los glaciares aún sobreviven, la atención continúa centrada en el impacto que estas modificaciones podrían tener sobre sistemas hídricos vitales y equilibrios ecológicos compartidos entre Argentina y Chile.
