La expansión cuprífera del Perú vuelve a quedar atada a una condición conocida: destrabar proyectos. Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026, planteó que La Granja y Michiquillay podrían sostener el crecimiento del país durante los próximos 10 a 15 años, si avanzan permisos, infraestructura y condiciones competitivas.
La cartera minera que exige ejecución
Perú cuenta con una cartera de inversión minera de gran escala. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025 del Ministerio de Energía y Minas está compuesta por 67 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.071 millones.
Ese portafolio confirma el peso del país en el mapa regional del cobre, pero también expone una brecha entre potencial geológico y ejecución. El diagnóstico se conecta con el debate sobre la cartera minera peruana de US$64.000 millones, en un mercado donde la demanda por cobre sigue vinculada a electrificación, transición energética y nuevas tecnologías.
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La Granja y Michiquillay concentran el foco de largo plazo
Entre los activos mencionados por Pino, La Granja aparece como uno de los proyectos de mayor escala. La presentación del proyecto difundida por First Quantum Minerals señala que La Granja cuenta con más de 20 millones de toneladas de cobre contenido, a partir de recursos minerales inferidos e indicados.
Michiquillay, actualmente en evaluación, también fue identificado como un activo de clase mundial por su escala y potencial productivo. “Son proyectos que pueden tener un impacto importante en el crecimiento de la producción nacional”, sostuvo Pino en una entrevista difundida por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
A estas iniciativas se suman Haquira, Cañariaco, Los Chankas, Trapiche y Cotabambas, proyectos que también podrían aportar nueva capacidad en distintos plazos. En ese cuadro, el debate sobre la producción de cobre en Perú y sus proyectos de gran escala vuelve a tomar relevancia frente a la competencia de otras jurisdicciones cupríferas.
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Permisos y competitividad vuelven al centro
El punto crítico, según Pino, no está en la falta de recursos, sino en la capacidad de convertir proyectos en operaciones viables. Para ello, Perú debe asegurar condiciones apropiadas en permisos, infraestructura y régimen tributario, de modo que las compañías puedan desarrollar evaluaciones técnico-económicas con mayor agilidad.
La tramitología y los tiempos de aprobación siguen siendo factores determinantes para atraer inversión minera. En los últimos años, Perú ha perdido posiciones frente a otros productores de cobre, incluida la República Democrática del Congo, aunque Pino sostuvo que esa tendencia puede revertirse si los proyectos en cartera avanzan hacia producción.
La discusión también se inserta en una competencia regional más amplia, donde Chile, Perú y Argentina buscan capturar inversión asociada al cobre. Ese escenario ya aparece en el análisis sobre el Triángulo del Cobre y sus proyectos regionales, con foco en la capacidad de transformar recursos en oferta efectiva.
Exploración temprana para sostener nuevos recursos
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Pino también apuntó a la exploración temprana como un frente decisivo. Un proyecto de cobre puede tardar entre 15 y 20 años desde su descubrimiento hasta convertirse en una operación minera, por lo que la inversión greenfield resulta clave para sostener recursos futuros.
La menor inversión en exploración temprana registrada durante los últimos cinco años podría afectar la disponibilidad de nuevos proyectos en el largo plazo. En paralelo, la exploración minera en Perú con foco en cobre sigue condicionada por permisos, certidumbre regulatoria y capacidad de atraer capital hacia etapas de mayor riesgo geológico.
