Recorte presupuesto social 2,24% marcó el eje de la defensa realizada por el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, frente a la controversia por la reducción de recursos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La autoridad sostuvo que el ajuste proyectado para 2026 —menor al 3% originalmente planteado por Hacienda— responde a un criterio técnico orientado a mejorar la eficiencia del gasto, descartando efectos sobre beneficios directos a la ciudadanía. En un contexto de estrechez fiscal, Fernández subrayó que el foco está en corregir distorsiones administrativas más que en recortar programas sensibles. La señal busca despejar temores en torno al impacto social del ajuste, especialmente en un escenario económico que ya muestra signos de desaceleración y presión sobre el gasto público.
Ajuste acotado y foco en eficiencia del gasto
El subsecretario explicó que la reducción de 2,24% en el presupuesto del ministerio se aplicará sobre áreas donde se han detectado ineficiencias, sin afectar transferencias ni apoyos directos a las personas. En ese sentido, ejemplificó con el programa de apoyo al recién nacido, específicamente el componente de ajuar, donde —según indicó— existe un exceso de stock debido a la sostenida caída en la tasa de natalidad.
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Fernández precisó que el problema no radica en la pertinencia del beneficio, sino en la planificación de compras. La acumulación de insumos en bodegas, sin ejecución efectiva, evidencia una brecha entre la demanda real y la gestión presupuestaria. Bajo esa lógica, el ajuste apunta a racionalizar el uso de recursos, evitando sobrecostos y mejorando la asignación.
Crítica a recortes previos y efectos en programas sensibles
En contraste con la estrategia actual, la autoridad sostuvo que durante el ciclo presupuestario anterior sí se registraron impactos directos en beneficios sociales. Según detalló, la combinación entre la Ley de Presupuestos y un recorte adicional aplicado en 2025 derivó en una disminución de recursos en programas críticos.
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Entre los casos mencionados, destacó la reducción de aproximadamente $2.000 millones en el plan de invierno para personas en situación de calle, lo que habría implicado una menor disponibilidad de albergues a nivel municipal. El subsecretario relató que algunas comunas pasaron de contar con tres recintos habilitados a solo uno, situación que calificó como de alto riesgo social.
Asimismo, indicó que también se vieron afectados programas sociosanitarios y de salud mental dirigidos a población vulnerable, lo que refuerza —a su juicio— la necesidad de evitar ajustes que incidan directamente en prestaciones esenciales.
Compromiso de no afectar beneficios directos
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Fernández enfatizó que la actual administración ha definido como criterio central resguardar íntegramente los beneficios sociales, incluso en un escenario de restricciones fiscales. En esa línea, afirmó que el proceso de revisión presupuestaria se ha enfocado en identificar espacios de mejora interna, sin comprometer la cobertura ni la calidad de los programas.
Entre los lineamientos que guían el ajuste destacan:
- Revisión de sobrestock y compras sobredimensionadas
- Optimización de procesos logísticos y de distribución
- Priorización de programas con impacto directo en la población
- Eliminación de ineficiencias administrativas
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El mensaje del Ejecutivo apunta a equilibrar responsabilidad fiscal con protección social, en un contexto donde el manejo del gasto público se vuelve clave para sostener la estabilidad económica y responder a las demandas ciudadanas.
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