La Oficina de Grandes Proyectos lideró capacitaciones para reforzar la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS).
Capacitación sobre normativa clave impulsada por el Ministerio de Economía
En el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), la División de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía, a través de su Oficina de Grandes Proyectos (OGP), ha realizado ciclos de formación destinados tanto a organizaciones públicas como privadas. Durante estas instancias, más de 1.000 funcionarios han sido capacitados, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la nueva normativa y las herramientas diseñadas para mejorar la tramitación de permisos necesarios para proyectos de inversión.
Desde la promulgación de la LMAS, los esfuerzos se han centrado en informar a los actores involucrados sobre los beneficios y alcances de la norma. Este marco tiene como eje central la agilización de los procedimientos de obtención de permisos sectoriales, asegurando que no se comprometan los estándares regulatorios y ambientales. Entre los principales objetivos, destaca la reducción de los tiempos de tramitación, lo que fomentará un entorno más competitivo y con ello se incentivará el crecimiento económico, atracción de inversiones y generación de empleo en el país.
Articulación institucional para garantizar una correcta aplicación
En octubre, representantes de la OGP participaron en múltiples foros y espacios nacionales, donde interactuaron con sectores privados y académicos para comunicar los objetivos y ventajas de la LMAS. Posteriormente, el foco se dirigió a una serie de charlas realizadas entre fines de octubre y noviembre, diseñadas específicamente para funcionarios públicos, quienes son responsables de evaluar y otorgar permisos sectoriales. Estas actividades buscaban fortalecer la articulación institucional necesaria para una implementación efectiva de la nueva normativa.
Entre las instituciones que participaron de estas iniciativas destacan el Ministerio de Agricultura, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de Energía, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las Seremis de Salud, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y servicios del Ministerio de Obras Públicas, como la Dirección General de Aguas. Estas entidades han trabajado de manera conjunta para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por la normativa, cuyo impacto será clave para sectores estratégicos como energía y minería.
