El gobernador Miguel Vargas, manifestó su sorpresa y aseguró que esto hace suponer que la acción del gobierno regional y una comunidad «apunta a afectar los intereses del Estado y nada más contrario que eso».
Mientras continúa suspendida la polémica licitación del litio, un nuevo movimiento se concretó en la causa en la Corte de Apelaciones de Copiapó. El 9 de febrero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que la entidad decidió asumir la representación y defensa del ministro y subsecretario de Minería en el recurso de protección. Así, un día después, resolvió tener presente la representación por parte del CDE.
Sin embargo, la decisión levantó dudas. El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, sinceró este lunes su sorpresa, ya que «esto hace suponer que la acción materializada por el Gobierno Regional de Atacama y una comunidad indígena, la comunidad Paiote, apunta a afectar los intereses del Estado y nada más contrario que eso».
Según explicó, lo que se está haciendo es precisamente cautelar los intereses del Estado, «por qué suponer lo contrario, y no el fin que tiene el recurso interpuesto por el Gobierno Regional, que apunta a que se cautelen o se garanticen adecuadamente el cumplimiento de las normas y las garantías constitucionales, y lo más importante de todo, los intereses de los territorios».
«Hemos dicho que en el marco de esta nueva etapa en la cual nos encontramos en el país, con un proceso de descentralización que avanza, los territorios tienen que ser escuchados y más aún si se trata de materias que tienen que ver con el desarrollo de la región de Atacama y también de la Región de Antofagasta, porque las reservas de litio -las más importantes- están en estos territorios», recalcó.
En esa línea, la autoridad regional apuntó a que han argumentado de buena manera que un proceso mal llevado, por ejemplo, la exploración y explotación del litio, puede perfectamente afectar otros intereses en juego en los territorios como lo son los medioambientales y también de otras legítimas actividades como el turismo.
Pero, lo más importante, agregó, «es que decisiones de esta naturaleza, y lo queremos decir con mucha fuerza, tienen que tener el más amplio consenso posible y sobre todo, tienen que considerar la opinión de quienes viven en los territorios».
Y sentenció: «Las regiones de Chile también somos parte del Estado, por lo tanto no entendemos esta decisión que se toma, que supone que una acción como como la que estamos emprendiendo, que apunta a cautelar los intereses territoriales, los intereses superiores del país, se pueda interpretar con un afán de querer afectar los intereses del fisco, nada más contrario a eso».
Vargas indicó que no desconocen las facultades que tiene el Ministerio de Minería en el marco de estos procesos de licitación y que lo que quieren es que las cosas se hagan de buena manera, que se respete la legalidad, la Constitución y por sobre todas las cosas, que se escuche a las regiones. «Ese es el mandato que tenemos a partir de haber resultado electos como primera autoridad regional y teniendo presente que nuestra principal responsabilidad es cautelar los intereses superiores de la región», aseveró.
Ya se preparan para alegatos
Sobre las expectativas y lo que continúa en el proceso judicial, el gobernador de Atacama expresó que están «bastante conformes» por cómo el proceso ha avanzado hasta ahora y que están preparando sus alegatos.
Junto con destacar la Corte de Apelaciones haya rechazado el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio de Minería que apuntaba a dejar sin efecto la admisibilidad y la orden de no innovar que ya había tenido un pronunciamiento favorable en la misma Corte con anterioridad, aseguró que ya «entramos derechamente en la fase de los alegatos».
«Ya nos informaremos del momento en que comenzará esta etapa, pero estamos preparándonos, creemos que nuestro recurso tiene fundamentos de peso principalmente amparado en disposiciones de la propia Constitución Política de la República del país, por lo tanto estamos muy optimistas respecto de la forma como vamos a llevar adelante este recurso en los tribunales de justicia, siempre por supuesto, cautelando y respetando las atribuciones que son propias de los poderes del Estado», dijo.
Fuente: Diario Financiero