Por Giorgio Cuneo, Director de Territorio de Motorola Solutions en Chile
En un escenario global cada vez más digitalizado, Chile enfrenta una amenaza silenciosa, pero creciente: los ciberataques. Según el informe “Cyber Threat Landscape” de Trellix, publicado por un medio nacional recientemente, nuestro país se ha convertido en el segundo más atacado en la región, con más de 813 mil detecciones de amenazas digitales en apenas tres meses, y más de un millón en lo que va del año. Este dato no es solo alarmante: es un llamado urgente a la acción.
Durante los últimos años, hemos sido testigos de cómo la cibercriminalidad ha dejado de ser un problema exclusivo de grandes corporaciones tecnológicas para transformarse en una amenaza transversal. Bancos, organismos públicos, empresas de telecomunicaciones e incluso pymes han sufrido ataques que han comprometido datos sensibles, interrumpido servicios esenciales y afectado la confianza de millones de ciudadanos.
Casos emblemáticos como el de BancoEstado en 2020 o el hackeo a equipos del Poder Judicial en 2022, demuestran que ninguna institución está exenta. Hoy, un ataque a la infraestructura digital no solo implica la pérdida de datos, sino también la parálisis de operaciones críticas y costos económicos millonarios. La recuperación de un ataque puede tomar semanas, incluso meses, generando consecuencias reputacionales difíciles de revertir.
Lo más preocupante es que los sectores estratégicos, como la banca, la salud y la industria energética, se han convertido en blancos prioritarios. No se trata solo de proteger información financiera; hablamos de salvaguardar la seguridad de las personas, la estabilidad de los servicios públicos y, con ello, la resiliencia del país.
Frente a esta realidad, la Ley Marco de Ciberseguridad representa un avance necesario. Esta normativa no solo obliga a empresas y organismos públicos a adoptar estándares mínimos de seguridad digital, sino que también exige una respuesta ágil y eficaz ante incidentes. Pero la ley, por sí sola, no basta. Debe ir acompañada de un cambio cultural profundo: dejar de ver la ciberseguridad como un gasto y empezar a considerarla una inversión indispensable en continuidad operativa y confianza empresarial.
En este contexto, resulta especialmente crítico tomar conciencia de la vulnerabilidad que hoy enfrentan los sistemas de comunicación, en particular aquellos que cumplen funciones de misión crítica. Las agencias de seguridad pública, bomberos, servicios de emergencia y fuerzas armadas dependen de plataformas digitales seguras y confiables para coordinar sus operaciones, responder a incidentes y proteger a la ciudadanía. Un ataque a estas infraestructuras no solo podría comprometer información sensible, sino también poner en riesgo vidas humanas. La ciberseguridad, en este ámbito, no es una opción: es una necesidad estratégica.
En este sentido, este desafío requiere una alianza robusta entre sector público y privado. Las organizaciones deben adoptar soluciones avanzadas de detección y respuesta, capacitar a sus equipos y trabajar en estrategias de prevención y mitigación con visión de largo plazo. Chile tiene la oportunidad de anticiparse y empezar a prevenir antes de que el daño sea irreversible. Pero para lograrlo, debemos actuar ahora.
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