El precio del cobre ha alcanzado niveles históricos, generando expectativas de ingresos fiscales adicionales para el gobierno chileno. No obstante, esta bonanza económica plantea importantes desafíos fiscales y políticos, dado que el gasto público debe ajustarse a reglas fiscales estrictas que imponen un uso limitado de estos recursos extraordinarios.
Cobre en ciclo alcista y su impacto en Chile
El precio del cobre se encuentra en un ciclo alcista sostenido por la creciente demanda de electrificación, energías renovables y tensiones en la oferta. Según información de Cochilco, el valor del mineral alcanzó los US$12.306 por tonelada (US$5,58 la libra), acumulando un aumento del 36% en lo que va del año. En tanto, el promedio anual se sitúa en US$4,50 por libra, marcando una tendencia que los bancos de inversión atribuyen a factores estructurales tanto de oferta como de demanda.
El impacto de esta alza en las finanzas chilenas es significativo. Según la Dirección de Presupuestos, por cada centavo adicional en el precio promedio del cobre, el Fisco chileno recibe hasta US$27 millones adicionales a través de aportes de Codelco y las grandes mineras privadas. En el escenario actual, con proyecciones que elevan el precio promedio a US$5 por libra, se estima que el próximo gobierno podría recibir entre US$2.500 millones y US$4.000 millones en ingresos extraordinarios.
Desafíos fiscales y uso de los ingresos extraordinarios
Sin embargo, el uso de estos recursos está limitado por la regla fiscal chilena, que establece que el gasto público debe basarse en el precio de referencia de largo plazo, actualmente estimado en US$4,38 por libra. Macarena García, economista de LyD, advierte que “todo ingreso adicional que se genere con el mayor precio efectivo del cobre servirá para financiar el gasto que ya está aprobado y que es coherente con el precio de largo plazo”. Esto reduce la necesidad de endeudamiento, pero limita la capacidad de utilizar la bonanza para financiar nuevos proyectos o iniciativas.
El economista Juan Andrés Fontaine enfatiza la necesidad de prudencia fiscal ante este escenario. Desde su perspectiva, los recursos extraordinarios deberían destinarse a reponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FESS). “Esos fondos nos vienen ‘como anillo al dedo’ para realizar una política fiscal anticíclica: tener ahorros para cuando las condiciones empeoren sin necesidad de recurrir a endeudamiento costoso”, explicó Fontaine.
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Demanda estructural y tensiones en la oferta
La creciente demanda de cobre está respaldada por el avance de la electromovilidad, la expansión de energías renovables y la electrificación de la economía global. Además, el crecimiento de la infraestructura digital, como centros de datos e inteligencia artificial, ha incrementado la demanda sostenida del metal rojo. Esto ha desacoplado parcialmente al cobre del ciclo económico tradicional, permitiendo que su precio se mantenga elevado incluso en un contexto de crecimiento moderado a nivel global.
Por el lado de la oferta, la industria enfrenta desafíos significativos, como menores leyes minerales, retrasos regulatorios, mayores costos operativos y problemas en minas clave. Según un informe del Bank of America, las operaciones en Escondida (Chile), Grasberg (Indonesia) y Kamoa Kakula (República Democrática del Congo) experimentan complicaciones que podrían limitar la producción global el próximo año. A ello se suman las distorsiones comerciales causadas por posibles aranceles estadounidenses al cobre, lo que ha generado alzas de precios en diversas regiones.
En este contexto, Chile enfrenta una coyuntura económica prometedora, pero que exige disciplina fiscal para administrar los ingresos extraordinarios generados por el cobre. El desafío radica en equilibrar las demandas de gasto con las obligaciones de ahorro, garantizando así la sostenibilidad económica en el largo plazo.
