La estatal analiza desde la venta de participaciones en activos hasta asociaciones a nivel divisional, mientras una privatización parcial enfrenta barreras constitucionales, políticas y laborales. La discusión surge con una deuda bruta cercana a US$27.000 millones y un programa de inversiones que exige nuevas fuentes de financiamiento.
Codelco abrió una revisión estratégica de sus alternativas para obtener recursos frescos y fortalecer su posición financiera, en medio de las elevadas necesidades de capital que enfrenta para sostener sus operaciones, ejecutar proyectos estructurales y recuperar producción.
El análisis considera tres caminos principales: una eventual apertura de la propiedad de la corporación, la venta de participaciones en activos donde Codelco no posee el control total y la incorporación de inversionistas privados directamente en determinadas divisiones mediante aumentos de capital o asociaciones.
Las opciones presentan diferencias significativas en plazos, viabilidad jurídica y capacidad para generar caja. Mientras la privatización total o parcial requeriría modificaciones constitucionales y un acuerdo político de difícil construcción, la enajenación de participaciones minoritarias aparece como el mecanismo más rápido desde el punto de vista administrativo.
La discusión cobra relevancia por la situación financiera de la mayor productora de cobre de Chile. Al cierre del primer trimestre de 2026, la deuda bruta de la corporación se aproximaba a los US$27.000 millones, frente a un patrimonio cercano a US$14.000 millones.
La presión no responde únicamente al nivel de endeudamiento. Codelco debe financiar simultáneamente la continuidad operacional de yacimientos maduros, obras subterráneas, ampliaciones de capacidad, infraestructura ambiental y proyectos destinados a revertir la caída productiva acumulada durante los últimos años.
Privatización enfrenta una barrera constitucional
La alternativa de incorporar privados directamente a la propiedad de Codelco es la más compleja de las tres fórmulas.
La corporación tiene su origen en la nacionalización de la gran minería del cobre aprobada en 1971. Su régimen patrimonial quedó posteriormente protegido por disposiciones constitucionales que mantienen bajo control estatal las empresas y yacimientos incorporados en ese proceso.
Una venta total o parcial de la compañía requeriría, bajo la interpretación jurídica predominante, una reforma constitucional. Ese cambio necesitaría el respaldo de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, equivalente a 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado.
Además de la dificultad legislativa, una apertura de propiedad obligaría a modificar la estructura de gobierno corporativo, el régimen tributario y las reglas que determinan los aportes de la empresa al Estado.
Codelco está sujeta a una carga fiscal distinta a la de las mineras privadas. Entre sus obligaciones se encuentran el impuesto corporativo, una sobretasa aplicable a empresas estatales, el royalty minero y la entrega de dividendos al fisco.
La resistencia sindical representa otro factor decisivo. Las principales organizaciones de trabajadores y supervisores de la corporación han rechazado históricamente cualquier fórmula que implique una privatización, incluso cuando el Estado conserve el control.
Por estas razones, esta vía difícilmente permitiría resolver las necesidades financieras de corto plazo. Su tramitación podría extenderse durante varios años y abrir una discusión política sobre el modelo de propiedad de la principal empresa pública del país.
Capital privado a nivel de divisiones
Una segunda fórmula considera reorganizar Codelco como una estructura holding, con divisiones transformadas en filiales capaces de recibir aportes privados, vender participaciones o formar sociedades conjuntas para financiar proyectos específicos.
La corporación opera siete divisiones: Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Ministro Hales, Salvador, Andina y El Teniente.
El tratamiento jurídico no necesariamente sería idéntico para todas ellas.
Chuquicamata, El Teniente, Andina y Salvador formaban parte de los activos vinculados al proceso de nacionalización. Un cambio en su propiedad podría requerir una reforma constitucional similar a la necesaria para abrir el capital de la empresa matriz.
La situación de Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales genera mayor debate. Estas operaciones comenzaron después de la nacionalización y algunos especialistas sostienen que podrían admitir asociaciones mediante una modificación legal, sin necesidad de reformar la Constitución.
Otros expertos consideran que Codelco debe ser tratada como una sola unidad empresarial, independientemente de la fecha en que cada división inició sus operaciones. Bajo esa interpretación, cualquier ingreso privado a la propiedad de una división también necesitaría una reforma constitucional.
La eventual transformación de las divisiones en filiales requeriría, al menos, modificar la ley orgánica de Codelco y establecer reglas sobre administración, control estatal, reparto de utilidades, endeudamiento y derechos de los socios.
La fórmula podría ser atractiva para financiar expansiones sin vender activos consolidados. Sin embargo, su aplicación dependerá de que exista certeza jurídica suficiente para evitar controversias ante la Contraloría o los tribunales.
Venta de participaciones aparece como la vía más rápida
La tercera alternativa consiste en vender total o parcialmente activos donde Codelco participa como socio, pero no controla por completo la operación.
Entre las principales participaciones se encuentran el 49% de El Abra, el 20% de Anglo American Sur, el 10% de Quebrada Blanca y el 50% más una acción de Novandino Litio, sociedad creada junto a SQM para operar en el Salar de Atacama.
A diferencia de una privatización, la venta de parte de estos activos no necesariamente requiere una reforma constitucional ni una discusión legislativa amplia. En varios casos bastaría con la aprobación del directorio y las autorizaciones de organismos fiscalizadores.
El Abra es uno de los activos que concentra mayor atención. La operación controlada por Freeport-McMoRan necesita avanzar en un proyecto de continuidad que demanda una inversión mínima estimada en US$7.500 millones, con el objetivo de extender su vida útil más allá de 2029.
Codelco podría desprenderse de hasta la mitad de su participación, equivalente a un 24,5% de la sociedad, sin abandonar completamente el proyecto. Una operación de este tipo podría reducir los compromisos futuros de financiamiento, aunque su capacidad para generar caja inmediata dependería de las condiciones acordadas con un nuevo socio.
La participación en Anglo American Sur también constituye un activo relevante. La sociedad incluye Los Bronces, El Soldado y la fundición Chagres. Su eventual venta requeriría revisar los pactos vigentes con Anglo American y Mitsui, además de obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.
En Quebrada Blanca, Codelco posee un 10% adquirido a Enami por US$520 millones en 2024. Esa participación cuenta con una condición de no dilución mientras permanezca bajo propiedad estatal, lo que permite mantener el porcentaje sin realizar aportes adicionales de capital.
Su venta eliminaría ese beneficio. También activaría una cláusula que obliga a compartir con Enami una parte de la ganancia obtenida sobre el valor original de compra, reduciendo los recursos netos que recibiría Codelco.
Novandino Litio concentra valor, pero tiene restricciones
La participación en Novandino Litio podría ser uno de los activos con mayor valorización dentro del portafolio de Codelco. La corporación controla el 50% más una acción de la sociedad y al cierre de 2025 reconoció un valor contable cercano a US$2.000 millones por esa inversión.
Sin embargo, una eventual venta enfrenta restricciones contractuales. El pacto de accionistas limita la transferencia de acciones antes de 2034 y entrega a SQM derechos preferentes en caso de una futura enajenación.
Una operación anticipada exigiría renegociar esas condiciones. También tendría que ser autorizada por Corfo, propietaria de las pertenencias arrendadas en el Salar de Atacama, y podría obligar al Ejecutivo a revisar la política estatal definida para el desarrollo del litio.
Estas restricciones reducen la probabilidad de que Novandino sea utilizada como fuente inmediata de liquidez, pese al valor estratégico y financiero de la participación.
La decisión marcará el financiamiento de la estatal
Codelco debe equilibrar dos objetivos que pueden entrar en tensión: obtener recursos para financiar su cartera de proyectos y conservar participaciones capaces de generar utilidades durante las próximas décadas.
Vender activos permitiría reducir necesidades de endeudamiento, pero también implicaría renunciar a una parte de los dividendos futuros. Incorporar privados en divisiones podría distribuir riesgos y costos de inversión, aunque exige cambios legales y definiciones institucionales todavía no resueltas.
La corporación deberá determinar si la prioridad es maximizar liquidez en el corto plazo, disminuir compromisos de capital o preservar activos que pueden aumentar su valor con el crecimiento de la demanda por cobre y litio.
La discusión se produce en un momento decisivo para la minería chilena. La capacidad de Codelco para financiar sus proyectos no solo afectará sus niveles de producción, sino también los ingresos fiscales, la actividad de proveedores, el empleo regional y la posición de Chile en el mercado mundial del cobre.
