La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de medidas paliativas para enfrentar el alza de los combustibles, en una sesión marcada por tensiones políticas y advertencias sobre su impacto fiscal. La iniciativa del Gobierno del Presidente José Antonio Kast avanzó con 10 votos a favor y tres abstenciones, en medio de un escenario internacional que mantiene los precios del petróleo en niveles elevados y presiona los costos internos. El proyecto, con discusión inmediata, busca entregar alivio a sectores afectados por el encarecimiento energético, aunque abrió un intenso debate por su alcance y sostenibilidad. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la propuesta señalando que el Estado no puede seguir absorbiendo el costo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), cuyo gasto alcanza cifras relevantes. En paralelo, la comisión incorporó nuevas indicaciones, incluyendo la extensión de beneficios al transporte escolar, ampliando el universo de beneficiarios en un contexto de creciente presión inflacionaria.
Debate político: cobertura y efectos inflacionarios
La discusión legislativa evidenció fuertes cuestionamientos desde la oposición, que criticó tanto la cobertura de las ayudas como sus efectos indirectos sobre la economía. Entre los principales reparos planteados estuvieron:
- Alcance limitado del beneficio frente al alza generalizada de costos
- Impacto inflacionario derivado del aumento de los combustibles
- Contradicción entre medidas de alivio y futuras rebajas tributarias a empresas
- Restricciones para ingresar indicaciones parlamentarias por tratarse de gasto fiscal
Estas críticas reflejan la preocupación por los efectos de segunda vuelta del encarecimiento energético, especialmente en precios de bienes y servicios.
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Defensa del Ejecutivo y presión sobre el Mepco
Desde el oficialismo, en tanto, se respaldó la iniciativa bajo el argumento de responsabilidad fiscal. El ministro Quiroz fue enfático al explicar las limitaciones del Mepco, señalando que el mecanismo no es neutro en la práctica.
Según detalló, desde su creación en 2014 el sistema ha implicado una erogación pública acumulada de US$2.200 millones, con años positivos y negativos, pero con un balance promedio deficitario. En el contexto actual, el costo fiscal alcanza cerca de US$140 millones por semana.
El titular de Hacienda sostuvo que la prioridad es evitar que ese gasto continúe escalando, especialmente en un escenario de estrechez fiscal.
Incorporación del transporte escolar como beneficiario
Uno de los cambios relevantes introducidos durante la tramitación fue la inclusión de los furgones escolares dentro del paquete de ayudas. La medida replica el esquema definido para taxis y colectivos, ampliando la cobertura del proyecto.
El beneficio considera:
- Bono mensual de $100.000 por vehículo
- Vigencia de seis meses
- Pago a través del Instituto de Previsión Social (IPS)
- Exigencia de inscripción en el registro oficial de transporte
Esta incorporación responde a la presión parlamentaria por incluir a un segmento que también ha visto incrementados sus costos operacionales.
Artículo sobre diésel genera división
Si bien el proyecto fue aprobado en general y en la mayoría de sus artículos de forma unánime, el artículo 4°, relacionado con cambios al impuesto al diésel, generó rechazo en la oposición.
Las principales objeciones apuntaron a:
- Impacto negativo en pequeñas y medianas empresas
- Carácter recaudatorio de la medida
- Efectos en la competitividad de sectores productivos
Este punto se perfila como uno de los focos de mayor discusión en la Sala.
Próximo paso: votación en Sala bajo urgencia
Tras su aprobación en la Comisión de Hacienda, el proyecto pasó a la Sala de la Cámara de Diputados para su votación. Al contar con discusión inmediata, el Congreso tiene un plazo máximo de seis días para despachar la iniciativa.
El avance de esta ley se produce en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos y creciente presión sobre la inflación, lo que obliga a equilibrar medidas de alivio con sostenibilidad fiscal.
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