Concesiones mineras en Perú vuelven al centro del debate tras la advertencia del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que cuestionó la iniciativa legislativa que busca declarar la caducidad de concesiones sin actividad en un plazo de 15 años. El gremio sostuvo que modificar este régimen, sin abordar previamente los problemas estructurales del sector, podría afectar directamente la inversión y aumentar la incertidumbre en una industria clave para la economía peruana. La discusión surge en un momento especialmente sensible, marcado por la creciente competencia global por atraer capital hacia proyectos de exploración y desarrollo de minerales críticos, donde la estabilidad regulatoria se ha transformado en un factor decisivo.
Un sistema clave para la exploración y el desarrollo minero
Desde el IIMP enfatizan que las concesiones mineras no deben entenderse únicamente como espacios de explotación, sino como herramientas que permiten desarrollar exploración, estudios geológicos y generación de conocimiento, procesos que suelen extenderse por largos periodos y con alto nivel de riesgo. En ese contexto, aplicar criterios simplificados de “actividad” o “inactividad” podría distorsionar el funcionamiento natural de la industria.
El vicepresidente del gremio, Juan Carlos Ortiz, subrayó que el Perú ha construido durante décadas un sistema de concesiones que ha sido determinante para dinamizar la exploración minera y atraer inversión, facilitando además la participación de compañías de distintos tamaños. Este modelo ha permitido mantener un flujo constante de petitorios mineros a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), consolidando al país como uno de los destinos relevantes en la cartera global de proyectos.
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Una modificación sin una mirada integral, advierten desde el sector, podría debilitar uno de los principales pilares de competitividad minera del país, en momentos en que otras jurisdicciones avanzan en incentivos para captar inversión.
La tramitología como principal cuello de botella
El IIMP planteó que el problema central de la minería peruana no radica en el régimen de concesiones, sino en la complejidad del sistema de permisos. Según explicó Ortiz, el desarrollo de un proyecto puede requerir más de 200 autorizaciones y la participación de más de 30 entidades públicas, lo que en la práctica puede extender los plazos de ejecución por más de 30 años.
En ese escenario, reducir la vigencia de las concesiones sin simplificar la tramitación no solo resultaría insuficiente, sino que podría introducir un nuevo factor de riesgo para los inversionistas. La preocupación se alinea con lo que ocurre en otros países de la región, donde la denominada “permisología” se ha transformado en uno de los principales desafíos para la materialización de proyectos mineros, tal como también se ha evidenciado en Chile con iniciativas en evaluación ambiental como el proyecto de continuidad de El Abra.
Competencia global y señales regulatorias
El gremio advirtió que este tipo de propuestas regulatorias puede enviar señales contradictorias al mercado internacional en un contexto de alta demanda por minerales, especialmente aquellos vinculados a la transición energética. La estabilidad, predictibilidad y claridad de las reglas del juego son factores determinantes para la toma de decisiones de inversión de largo plazo.
Desde esa perspectiva, cualquier cambio que afecte la seguridad jurídica del sistema de concesiones podría impactar la posición competitiva del Perú frente a otros países mineros que buscan acelerar el desarrollo de nuevos proyectos.
Propuestas del sector: simplificación y fortalecimiento institucional
Frente a este escenario, el IIMP planteó que el foco debería estar en mejorar la eficiencia del sistema, más que en restringir el régimen vigente. Entre las principales medidas propuestas destacan:
- Simplificación de procesos administrativos vinculados a permisos mineros
- Reducción de tiempos de evaluación y aprobación de proyectos
- Coordinación entre entidades públicas para evitar duplicidades
- Fortalecimiento de la institucionalidad del sector
El instituto ha sostenido esta postura de manera consistente, señalando en distintas instancias que el sistema de concesiones ha sido un elemento clave para la competitividad minera del Perú. En esa línea, la discusión actual reabre un dilema estratégico para el país: avanzar en mayores restricciones o resolver los cuellos de botella que hoy frenan la ejecución de inversiones.
La señal que finalmente entregue el marco regulatorio será determinante para definir si Perú mantiene su atractivo como destino minero en un escenario global cada vez más competitivo.
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