Déficit estructural y sostenibilidad fiscal volvieron al centro del debate económico luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, moderara por primera vez las expectativas de alcanzar un balance estructural cero al año 2030. La señal marcó un giro respecto del compromiso inicial del gobierno del presidente José Antonio Kast, que desde el inicio de la administración había planteado como objetivo prioritario eliminar el déficit fiscal estructural antes del término de la década.
La nueva postura del Ejecutivo surge en medio de un escenario fiscal más complejo de lo previsto, marcado por menores ingresos tributarios, dudas sobre la recaudación futura de la reforma tributaria y un crecimiento económico aún insuficiente para sostener una consolidación acelerada de las cuentas públicas. “Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento”, afirmó Quiroz al ser consultado sobre la posibilidad de modificar la trayectoria fiscal comprometida por el gobierno.
El cambio de tono ocurre a pocas semanas de que Hacienda publique el esperado decreto fiscal, instrumento que definirá oficialmente la senda de balance estructural y endeudamiento público hasta 2030. La decisión es observada con atención por el mercado financiero y organismos internacionales, especialmente considerando el deterioro fiscal acumulado durante los últimos años y la presión sobre la deuda pública.
Menores ingresos y gasto presionan las cuentas fiscales
Los antecedentes conocidos durante el primer trimestre comenzaron a complicar las proyecciones iniciales del Ejecutivo. Según el informe de ejecución fiscal, los ingresos fiscales crecieron apenas 0,9%, impulsados principalmente por la minería y el alto precio del cobre, mientras que la recaudación vinculada al consumo interno mostró un desempeño débil.
Uno de los puntos más sensibles es el comportamiento del IVA, cuya recaudación prácticamente no registró crecimiento en el período, reflejando un menor dinamismo del comercio y mayores devoluciones tributarias. Paralelamente, el gasto presupuestario de marzo aumentó 5,1% real anual, impulsado principalmente por el gasto corriente, mientras el gasto de capital mostró una contracción.
A ello se suma la incertidumbre generada por la megarreforma tributaria actualmente en discusión en el Congreso. Diversos economistas han advertido que el proyecto podría generar déficits fiscales persistentes durante los próximos años, especialmente si las proyecciones de recaudación vuelven a resultar más optimistas que los ingresos efectivamente obtenidos por el Estado.
En este contexto, el retraso de la presentación del Informe de Finanzas Públicas desde el 12 al 20 de mayo fue interpretado por analistas como una señal de que Hacienda continúa recalibrando los escenarios fiscales y revisando la trayectoria oficial que será incluida en el decreto fiscal.
Expertos ven inviable llegar a déficit cero en 2030
Aunque el gobierno aún no descarta formalmente alcanzar el equilibrio estructural, en el mercado financiero y académico crece el consenso de que la meta original resulta excesivamente exigente dadas las actuales condiciones fiscales.
El economista Patricio Rojas sostuvo que llegar a balance estructural al 2030 “hoy día se ve inviable”, debido al costo fiscal asociado a la transición de la reforma tributaria y a la necesidad de mantener ciertos niveles de gasto público. En su opinión, una meta razonable sería terminar el período con un déficit estructural entre 1,5% y 1% del PIB.
Una visión similar expresó Cristina Torres, quien advirtió que establecer objetivos demasiado ambiciosos puede afectar la credibilidad fiscal si luego no se cumplen. Desde el ámbito académico, Cecilia Cifuentes coincidió en que el desafío principal debe ser mantener una trayectoria descendente y creíble del déficit fiscal año a año.
Las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional también endurecieron el escenario. Según explicó el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo, el déficit estructural efectivo podría ubicarse este año cerca de 3,8% del PIB, bastante por encima de estimaciones anteriores.
Deuda pública se acerca al límite crítico del 45% del PIB
Más allá del nivel específico del déficit estructural, los expertos coinciden en que el principal riesgo fiscal radica en el aumento sostenido de la deuda pública. Actualmente, uno de los límites considerados críticos por el mercado y las clasificadoras de riesgo es que la deuda bruta no supere el 45% del PIB.
El economista Alejandro Fernández advirtió que postergar excesivamente la convergencia fiscal podría deteriorar aún más la percepción de solvencia del país y traducirse en rebajas de clasificación crediticia, encareciendo el financiamiento del Estado y de las empresas chilenas.
En ese escenario, la discusión fiscal ya no se centra únicamente en alcanzar un balance estructural cero, sino en diseñar una trayectoria de ajuste creíble que permita estabilizar la deuda pública sin comprometer el crecimiento económico ni generar recortes abruptos de gasto. El decreto fiscal que presentará Hacienda en junio será clave para definir cuál será finalmente el equilibrio entre disciplina fiscal y sostenibilidad política que intentará seguir el gobierno durante el resto de su mandato.
