En el contexto de la demanda por daño ambiental presentada en contra de la minera Alcaparrosa por el socavón de Tierra Amarilla ocurrido el 30 de julio de 2022, el Primer Tribunal Ambiental llevó a cabo una diligencia judicial en modalidad híbrida.
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El pasado viernes 4 de agosto, el tribunal se reunió en la Dirección General de Aguas (DGA) perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para obtener más información relacionada con las acciones y competencias realizadas por el organismo desde el incidente.
La ministra presidenta, Sandra Álvarez, lideró la diligencia, señalando que antes de que el tribunal determine los puntos de prueba, «existen algunas áreas que podrían ser puntos oscuros dentro de las competencias del servicio».
Durante la reunión, especialistas de la DGA, incluido el director nacional Rodrigo Sanhueza y Rodrigo Sáez de la Región de Atacama, presentaron el trabajo realizado desde que el socavón fue reportado. Proporcionaron detalles sobre el proceso de supervisión y el plan de monitoreo, el cual abarca tanto las aguas del acuífero como las que están dentro de la mina.
Además, se delineó el seguimiento que se ha realizado a las medidas tomadas por la minera, especialmente en relación con el comportamiento del acuífero después de la construcción de los sellos. La DGA especificó que ven como irreversible la pérdida del sello y base del acuífero, lo que resultó en la entrada de 2.600.000 m³ de agua a la mina.
La causa detrás de esta demanda ambiental, iniciada por el Consejo de Defensa del Estado, se dirige a Compañía Minera Ojos del Salado y Lundin Mining, y se centra en el presunto daño causado a la base del acuífero del Río Copiapó.
