Economía chilena. La elección ya está resuelta: José Antonio Kast ganó la segunda vuelta presidencial con 58,16% de los votos. Pero el verdadero suspense se juega en un tablero menos visible: el set de cifras con que Gabriel Boric cerrará su periodo y que condicionará los primeros meses del nuevo gobierno cuando asuma en marzo de 2026. La paradoja es clara. La macro luce más ordenada que en 2022 (inflación de vuelta cerca de la meta y tasas bajando), mientras el mercado financiero parece anticipar un ciclo más amigable para la inversión. Sin embargo, debajo de esa calma hay dos límites que no desaparecieron: un crecimiento que se mantiene pegado al 2% y un frente fiscal más estrecho, con menos espacio para errores de cálculo. Esta es, en síntesis, la economía que Boric entrega a Kast: estable en lo inmediato, pero con tareas estructurales pendientes que decidirán si 2026 parte como recuperación o como otro año de “piloto automático”.
Crecimiento acotado: la estabilidad no alcanzó para romper el 2%
El dato que más se repite en los diagnósticos es incómodo por simple: Chile crece, pero no despega. El Banco Central proyectó para 2025 una expansión del PIB en un rango de 2,25% a 2,75%, consistente con una economía que se normaliza tras el golpe inflacionario y el ajuste monetario, pero aún lejos de las tasas que el país conoció antes de 2019. En promedio, la administración Boric termina con un crecimiento cercano a 2% anual, un ritmo que alcanza para evitar retrocesos, pero no para acortar brechas sociales, elevar salarios reales con fuerza o financiar nuevas demandas sin tensar el Presupuesto. El trasfondo es político y económico a la vez: varias reformas emblemáticas no alcanzaron consenso (incluidos los procesos constitucionales), y la incertidumbre de ese ciclo dejó a la inversión privada operando con freno de mano. La pregunta que queda abierta para 2026 es cómo convertir estabilidad en productividad, permisos más rápidos y proyectos que realmente entren en ejecución.
Empleo y costos laborales: 600 mil puestos, pero un mercado que se enfría
El mercado laboral es el termómetro social del periodo y, al mismo tiempo, el lugar donde se notan las tensiones entre bienestar y competitividad. En 2025 la tasa de desocupación se ubicó en torno a 8,4% (agosto-octubre), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, con una brecha persistente entre hombres y mujeres. El Gobierno sostiene que se crearon cientos de miles de empleos formales, pero el debate se endureció por el aumento de costos laborales que perciben las empresas, especialmente las pymes: la reducción de jornada a 40 horas, la trayectoria del salario mínimo y los cambios al sistema previsional se leyeron como un paquete que sube el costo del empleo en un momento de baja inversión. Para la administración entrante, este punto es doblemente sensible: cualquier impulso pro-crecimiento que no se traduzca en más contratación formal se vuelve políticamente frágil; pero cualquier ajuste que ignore el bolsillo puede reactivar tensiones sociales.
Inflación y tasas: del 14,1% al 3,4%, y una TPM que ya salió del “modo crisis”
El mayor cambio entre el Chile que Boric recibió y el Chile que entregará está en la inflación. En agosto de 2022, el IPC a 12 meses llegó a 14,1%, y el Banco Central respondió llevando la Tasa de Política Monetaria a 11,25% en octubre de ese año. La fase dura del ajuste quedó atrás: el instituto emisor informó que la inflación anual se ubicó en 3,4% en noviembre de 2025, cerca del objetivo de 3%. Con ese descenso, la política monetaria dejó el modo emergencia. La TPM fue llevada a 4,75% en decisiones recientes, reflejando el giro desde el peak y un retorno gradual a condiciones más compatibles con crédito e inversión. Aquí el mensaje para 2026 es nítido: la inflación dejó de ser el incendio, pero sigue siendo el termómetro que condicionará salarios, negociación política y costo de financiamiento. Un rebrote, aunque pequeño, puede reencarecer la economía justo cuando se busca acelerar proyectos.
Fisco más estrecho: deuda alta y fondos soberanos más delgados
Si la macro luce ordenada, el balance fiscal cuenta otra historia: el espacio para equivocarse es menor. La Dirección de Presupuestos mostró que la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó 41,7% del PIB al primer trimestre de 2025 y proyectó un cierre de 2025 en torno a 42,4% del PIB. A ese dato se suma el desgaste del “colchón”: el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) pasó de US$7.514 millones a diciembre de 2022 a US$3.869 millones en octubre de 2025, según reportes oficiales. En paralelo, el Consejo Fiscal Autónomo ha insistido en la necesidad de corregir desbalances y aplicar medidas cuando las proyecciones de ingresos no calzan con el gasto comprometido. El resultado es una herencia exigente: la próxima administración recibe menos holgura para prometer, y más presión para priorizar. En 2026, credibilidad fiscal no es un concepto abstracto: es la llave que mantiene bajo el premio por riesgo y evita que el costo de deuda se coma el margen político.
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En la recta final del mandato, el mercado se adelantó a la política. El IPSA cerró en torno a 10.400 puntos, su mayor nivel histórico, y parte del rally se explicó por la expectativa de un giro pro-mercado tras la elección. El peso también mostró una mejora relativa: el dólar, que en 2022 llegó a superar los $1.000 en episodios de alta incertidumbre, terminó 2025 cerca de $910 en cierres recientes, según reportes de mercado. Pero el factor que puede mover la aguja no está en la pizarra diaria, sino en la inversión real. El cobre cerró la semana del 8 al 12 de diciembre de 2025 en US$5,36 la libra, un viento a favor para ingresos externos y expectativas. Además, la cartera de proyectos mineros para 2025-2034 subió a US$104.549 millones, con un salto de 25,7% respecto de la medición previa, según Cochilco. Si ese portafolio entra en ejecución, empuja empleo, recaudación y confianza, y dialoga con un mercado de capitales que, pese a los retiros, aún administra más de US$212.884 millones en activos previsionales. La herencia, entonces, no es solo un número: es una oportunidad condicionada por permisos, productividad y disciplina fiscal.
