El Presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió este lunes el respaldo de integrantes de su gabinete luego de cuestionar públicamente al Partido Comunista de Chile por promover movilizaciones sociales tras la derrota electoral del oficialismo en las últimas elecciones.
La controversia surgió luego de declaraciones de la diputada Lorena Pizarro, quien sostuvo que no todos los cambios pueden resolverse exclusivamente en el Congreso y que los movimientos sociales deben tener un rol activo en las calles.
Frente a ello, Kast respondió mediante su cuenta en redes sociales con un mensaje dirigido directamente al PC.
“Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, escribió el Mandatario.
Ministros llaman a evitar la violencia política
Una de las primeras autoridades en respaldar públicamente al Presidente fue la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien también utilizó redes sociales para condenar cualquier forma de violencia política.
“La violencia nunca puede transformarse en una herramienta de acción política. Ninguna diferencia justifica agresiones, amenazas o intentos de imponer ideas por la fuerza. Chile necesita democracia, más respeto y más diálogo. Las diferencias se enfrentan con argumentos”, sostuvo la vocera de gobierno.
Las declaraciones se producen además en medio de la denuncia realizada por el diputado Javier Olivares, quien aseguró haber sido agredido por personas que habrían lanzado consignas de izquierda durante el ataque.
Poduje endurece tono: “El que rompe, paga”
Antes de ingresar al consejo de gabinete en Palacio de La Moneda, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, también abordó la polémica y respaldó la postura del Ejecutivo.
El secretario de Estado afirmó que las eventuales movilizaciones son legítimas siempre que respeten el orden público y el Estado de Derecho.
“Si respetan el Estado de Derecho y no rompen nada. El que rompe, paga”, señaló.
Las declaraciones del gabinete se producen en un contexto de creciente tensión política en torno a la denominada “megarreforma” impulsada por el gobierno, cuya discusión legislativa enfrenta una fuerte resistencia de sectores opositores y llamados a movilización desde algunos partidos de izquierda.
En paralelo, el Ejecutivo busca reforzar su discurso de orden público y gobernabilidad, instalando la idea de que las diferencias políticas deben canalizarse dentro de las instituciones democráticas y no mediante presiones en las calles.
