La acción penal se suma a la disputa civil entre la eléctrica y el empresario Sergio Weinstein, a días de que la Corte de Apelaciones revise el fallo que condenó parcialmente a Enel al pago de una millonaria indemnización.
Un nuevo y delicado episodio se abrió en el prolongado conflicto judicial entre Enel Green Power y el empresario Sergio Weinstein, controlador de Minera Arbiodo, luego de que la filial renovable del grupo italiano interpusiera una querella criminal contra la perito judicial Sylvia Delgado, cuestionando la veracidad y autoría de un informe técnico decisivo en la sentencia de primera instancia.
La acción fue presentada el 17 de diciembre ante el 4° Juzgado de Garantía y acusa a la profesional de un presunto “actuar delictual”, imputándole falsedades vertidas en el proceso civil. El informe pericial objetado fue uno de los antecedentes centrales considerados por el 12° Juzgado Civil de Santiago al acoger parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Minera Arbiodo, fallo que condenó a Enel, al Parque Eólico Taltal y al Fisco al pago de US$ 400 millones por concepto de daño emergente.
Según expuso la defensa de Enel en su escrito, el monto reclamado en el juicio civil —que originalmente alcanzaba los US$ 2.000 millones por lucro cesante— resulta de tal magnitud que equivale a cerca de tres veces el presupuesto total del Poder Judicial proyectado para 2026, argumento que refuerza, a juicio de la empresa, la gravedad de las supuestas irregularidades denunciadas.
Uno de los puntos centrales de la querella apunta a que no se habría levantado acta formal de la audiencia de reconocimiento del peritaje realizada en noviembre de 2021, vulnerando —según Enel— los principios de transparencia y control que deben regir este tipo de diligencias. A ello se suma una acusación particularmente sensible: el archivo digital del informe pericial consignaría como autor a una persona cuya identidad coincide con la del abogado patrocinante de la parte demandante, lo que, de confirmarse, podría comprometer la independencia del trabajo técnico.
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Consultada por la ofensiva judicial, la perito Sylvia Delgado defendió la integridad de su labor, señalando que el informe es “completamente técnico”, sustentado en datos verificables tanto en terreno como en laboratorios, y que toda la información utilizada cuenta con trazabilidad comprobable. Desde su perspectiva, la querella responde a que el resultado del peritaje fue desfavorable para los intereses de la eléctrica.
Este nuevo frente penal se abre en un momento clave del conflicto, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago se apresta a conocer los alegatos de ambas partes respecto del fallo de primera instancia. El litigio se origina en la construcción de un parque eólico sobre pertenencias mineras ubicadas en la comuna de Taltal, las que, según Weinstein, impedían el desarrollo de un proyecto de extracción de yodo y nitrato con aprobación ambiental vigente.
La disputa, que combina aristas mineras, energéticas y ahora penales, se ha transformado en uno de los conflictos judiciales más relevantes del sector, y su desenlace podría sentar un precedente significativo sobre la relación entre proyectos de energías renovables y derechos mineros preexistentes.
