La reactivación minera en Mendoza enfrenta debate por el costo y criterios del canon del Registro Único Minero (RUM).
El Registro Único Minero y los desafíos normativos
El Registro Único Minero (RUM), administrado por el Departamento General de Irrigación, ha generado controversia en el sector minero de Mendoza en el contexto de los intentos por reactivar la actividad minera en la región. Este registro fue diseñado como un instrumento para supervisar y fiscalizar actividades mineras con el potencial de impactar recursos hídricos, incluyendo el uso de agua o afectaciones a napas subterráneas y superficiales. Según la normativa, los proyectos se clasifican progresivamente según su etapa de desarrollo: prospección, exploración, explotación y cierre, determinando si deben inscribirse y pagar un canon anual.
El propósito original del RUM busca garantizar una minería responsable con los recursos hídricos de Mendoza, una zona donde el cuidado del agua es un tema crítico. No obstante, las empresas del sector han comenzado a manifestar preocupación debido a los costos asociados al registro, particularmente en etapas tempranas donde no hay producción ni ingresos generados. En el caso de los proyectos metalíferos en prospección o exploración, el canon anual asciende a $26,7 millones y se duplica a $53,4 millones durante la etapa de explotación.
Restricciones y definiciones que generan incertidumbre
El marco de aplicación del canon del RUM también presenta áreas de ambigüedad técnica. El principal punto crítico radica en la definición de qué métodos son considerados como “invasivos” y, por ende, sujetan a los proyectos a inscripción obligatoria. La falta de lineamientos concretos ha generado incertidumbre operativa entre los actores del sector. En particular, proyectos localizados en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) ya habrían recibido intimaciones para regularizar su situación, complicando los planes operativos de las empresas y generando tensiones con el Ejecutivo provincial.
Las empresas mineras, especialmente las de menor escala dependientes de financiamiento de riesgo, perciben los montos del canon como un costo desmedido en las primeras fases de desarrollo. Esto podría desincentivar los esfuerzos exploratorios en una provincia que busca posicionarse nuevamente como un actor relevante en la minería nacional, pero cuyos elevados costos iniciales amenazan con socavar su competitividad frente a otras jurisdicciones.
Relacionados
Equilibrio entre fiscalización y estímulo a la inversión
Aunque no se cuestiona la importancia de proteger los recursos hídricos, el desafío radica en alinear el propósito fiscalizador del RUM con estrategias de estímulo para la inversión minera. La implementación de cánones elevados y criterios regulatorios poco claros genera una tensión que pone en jaque la narrativa oficial de un “regreso ordenado” de la minería en Mendoza. Empresas y cámaras empresariales abogan por reglas estables, transparentes y técnicamente fundamentadas que permitan movilizar equipos y capital en exploración sin generar altos costos de entrada.
En este contexto, la administración provincial deberá trabajar en un balance adecuado que respete las normativas ambientales, como la Ley 7.722, y promueva un clima atractivo para la inversión. El RUM debería ser una herramienta que fortalezca la sostenibilidad y confianza en la minería, sin convertirse en un obstáculo para el desarrollo de proyectos nacientes que podrían reactivar el sector y generar beneficios económicos para la región.
