Fiscalía concluye que la operación entre Enami y la estatal cuprífera no constituye una concentración ni infringe el DL 211
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Una decisión esperada por las empresas involucradas
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió archivar la denuncia presentada en septiembre de 2024 por un grupo de diputados del Partido Republicano, quienes acusaban presuntas irregularidades en la venta del 10% de la participación de Enami en Quebrada Blanca a Codelco. La entidad concluyó que los antecedentes “no resultan constitutivos de infracciones a la libre competencia”, cerrando así un capítulo que se extendió por más de un año.
La operación, pactada en US$520 millones, permitió a Enami reducir de manera significativa su deuda —desde US$740 millones a US$250 millones— en un escenario financiero complejo para la estatal. Codelco, por su parte, defendió públicamente la conveniencia de que un activo de alto valor estratégico permaneciera bajo control del Estado, reforzando su posicionamiento como actor clave en minerales críticos.
El yacimiento Quebrada Blanca —ubicado en Tarapacá— es hoy controlado por Teck (60%), Sumitomo (30%) y Codelco (10%). Su relevancia aumentó en el contexto de la fusión entre Anglo American y Teck, que dio origen al conglomerado “Anglo Teck”, uno de los jugadores con mayor presencia en minería de cobre a nivel global.
FNE: No hay operación de concentración ni riesgo para la competencia
En su resolución N° 274, emitida el 23 de octubre, la Fiscalía determinó que la transacción no configura una operación de concentración en los términos del artículo 47 del Decreto Ley 211. Según el organismo, los elementos presentados por los denunciantes «no son constitutivos de conductas anticompetitivas» y además dicen relación con materias ajenas al marco normativo de defensa de la libre competencia.
La Fiscalía también evaluó si existió un eventual incumplimiento del artículo 4 bis del DL 211, que obliga a notificar adquisiciones superiores al 10% entre empresas competidoras. No obstante, la investigación concluyó que el porcentaje involucrado no superó el umbral establecido, por lo que no habría obligación de notificación.
Tras revisar los mercados de procesamiento y comercialización de concentrado y cátodos de cobre, la entidad sostuvo que “la operación Quebrada Blanca no impide, restringe o entorpece la competencia, ni tiende a ello”. Con ello, descartó la existencia de riesgos competitivos derivados de la transacción.
El caso Salar Blanco: tampoco hubo infracción
La denuncia de los parlamentarios también incluyó un segundo foco de revisión: la compra del proyecto Salar Blanco por parte de Codelco, realizada a través de la adquisición de Lithium Power International (LPI) en marzo de 2024 por US$244 millones.
Los denunciantes alegaron un posible abuso de posición dominante en el mercado del litio. Sin embargo, la FNE descartó esta hipótesis al concluir que Codelco “no exhibe actualmente una posición dominante en los mercados de carbonato e hidróxido de litio”.
Asimismo, definió que la operación no constituía una concentración exigible, dado que las ventas de LPI en Chile se encontraban por debajo de los umbrales establecidos en la normativa vigente. Por lo tanto, la adquisición queda fuera de los mecanismos obligatorios de revisión preventiva.
Un cierre institucional con efectos políticos
La decisión de la FNE entrega una señal clara respecto a los límites de su competencia y reafirma la validez de las operaciones que impulsaron Codelco y Enami en un periodo de alta presión económica para ambas instituciones. Además, responde a una controversia que generó tensión política y cuestionamientos públicos sobre la transparencia de las transacciones.
Para el Gobierno y las estatales involucradas, el archivo de la denuncia representa la confirmación de que los procesos siguieron el marco normativo correspondiente, una frase clave que se desprende del análisis del regulador: “los hechos denunciados no resultan constitutivos de infracciones a la libre competencia”.
Con esta resolución, la Fiscalía Nacional Económica cierra un expediente que se había transformado en uno de los debates más relevantes del último año en torno a la gestión de activos estratégicos del Estado y al rol de Codelco en la expansión de su presencia en sectores como el litio y el cobre de gran escala.
