El conflicto en torno al proyecto portuario minero Dominga continúa escalando. El Gobierno de Chile presentó un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), cuestionando la resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, que el pasado 17 de febrero ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución sobre el proyecto.
La posición del Gobierno
Según explicó el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, la presentación busca resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros, entidad que, a juicio del Ejecutivo, es la única facultada para pronunciarse sobre proyectos de este tipo.
“Estamos utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de derecho”, afirmó Proaño. La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, agregó que el fallo del 1TA invadiría competencias exclusivas del Comité de Ministros, por lo que corresponde al TC definir de manera definitiva los límites de dichas atribuciones.
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La postura del Primer Tribunal Ambiental
El 1TA respondió defendiendo su fallo y argumentando que el Comité de Ministros ya agotó sus competencias tras dictar un acto de reemplazo que, según el tribunal, excedió las instrucciones entregadas en la sentencia de diciembre de 2024.
Además, el tribunal rechazó la solicitud de aclaración presentada por Andes Iron, empresa titular del proyecto, indicando que la orden entregada al SEA es clara y corresponde a las facultades judiciales para ejecutar lo juzgado.
La respuesta de Andes Iron
Por su parte, Andes Iron calificó el requerimiento ante el TC como “una nueva maniobra dilatoria”, asegurando que no existe un conflicto real de competencias entre el Comité de Ministros y el 1TA.
La compañía recordó que el tribunal ambiental ya resolvió que el Comité de Ministros agotó su función, por lo que ahora es tarea de la dirección ejecutiva del SEA corregir administrativamente la resolución, respetando íntegramente la sentencia.
Actualmente, debido a la suspensión de la última resolución del Comité de Ministros, Andes Iron mantiene vigente su permiso ambiental y ha solicitado al SEA modificar el estatus del proyecto a ‘aprobado’, argumentando que se encuentra en posición de ejecutar Dominga.
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