Impuesto a las donaciones se instala en el centro del debate tributario tras la defensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la “ventana” excepcional incluida en el proyecto de ley de Reconstrucción. La iniciativa propone una rebaja transitoria del 50% en la carga tributaria para transferencias patrimoniales realizadas dentro de un plazo acotado de 12 meses, con el objetivo de adelantar la recaudación fiscal. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida responde a una lógica pragmática: capturar ingresos efectivos en el corto plazo frente a una recaudación futura incierta, considerando los amplios márgenes de planificación tributaria que hoy existen. El anuncio ha generado interés en contribuyentes de altos patrimonios, así como cuestionamientos desde el ámbito político y jurídico por eventuales espacios de elusión, en un contexto donde el financiamiento de la reconstrucción y la sostenibilidad fiscal se han vuelto prioritarios para la agenda económica.
Rebaja temporal y simplificación del proceso
El proyecto establece que, durante la ventana de 12 meses —contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley—, las donaciones estarán sujetas a solo la mitad del impuesto vigente. Actualmente, este tributo es progresivo y puede alcanzar tasas de hasta 25% para montos superiores a 1.200 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a cerca de $1.000 millones.
Junto con la rebaja, la iniciativa introduce cambios relevantes en la operativa del proceso, orientados a facilitar la ejecución de donaciones. Entre ellos destacan:
Eliminación del trámite de insinuación judicial, reemplazado por escritura pública
Posibilidad de financiar el impuesto mediante préstamos de sociedades relacionadas
Límite de donación de hasta el 75% del patrimonio del contribuyente
Estas modificaciones buscan reducir la carga administrativa y los tiempos asociados, que en el esquema actual pueden extenderse por varios meses.
Argumento fiscal: asegurar recaudación presente
Desde el Ministerio de Hacienda se enfatiza que la medida no apunta a incentivar la elusión, sino a reconocer un comportamiento ya instalado en contribuyentes de altos ingresos: la planificación de largo plazo para reducir la carga tributaria efectiva.
En esa línea, el ministro Quiroz sostuvo que el sistema vigente dificulta la materialización de la recaudación proyectada, debido a estructuras legales que permiten diferir o disminuir el pago de impuestos. Por ello, la propuesta busca asegurar ingresos inmediatos para el fisco.
La proyección oficial estima una recaudación cercana a US$300 millones, lo que contribuiría al financiamiento de necesidades urgentes asociadas al proceso de reconstrucción.
Debate por eventuales espacios de elusión
La iniciativa ha generado cuestionamientos en el Congreso, especialmente desde sectores de oposición, que advierten sobre posibles incentivos para adelantar transferencias patrimoniales en condiciones más favorables, lo que podría reducir la base tributaria futura.
Las críticas se centran en la combinación de rebaja de tasas, simplificación de trámites y mecanismos de financiamiento, elementos que, según algunos expertos, podrían facilitar estrategias de optimización tributaria.
No obstante, desde el Ejecutivo insisten en que la medida responde a una lógica de eficiencia recaudatoria, priorizando ingresos concretos en el corto plazo por sobre expectativas inciertas.
Contexto político y económico
La propuesta forma parte del proyecto de ley de Reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, y se diferencia del resto del paquete tributario por su enfoque explícitamente recaudatorio.
En un escenario de estrechez fiscal y mayores demandas de gasto público, el diseño de mecanismos que permitan generar ingresos de manera rápida se ha convertido en un eje central de la política económica.
La evolución de este proyecto en el Congreso será clave para determinar no solo su impacto fiscal inmediato, sino también sus efectos en la estructura tributaria y en las decisiones patrimoniales de los contribuyentes en Chile.
