La línea minera de 500 kV en el corredor energético de Cuyo-NOA se transformó en el centro de un conflicto interprovincial tras el pedido de la empresa Vicuña SA para obtener prioridad —y en la práctica exclusividad— en su uso. La reciente oposición formal del gobierno de La Rioja profundiza la controversia, sumándose a los reparos ya planteados por autoridades de San Juan, municipios y otras compañías mineras. Desde la provincia riojana advierten que la eventual cesión a un actor privado no solo comprometería la planificación energética regional, sino que también pondría en riesgo proyectos productivos estratégicos en el Valle del Bermejo. El caso, que deberá ser revisado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en una audiencia pública, podría escalar a tribunales si la resolución resulta desfavorable para las provincias.
Infraestructura financiada por las provincias
Uno de los principales argumentos de La Rioja se basa en el origen de la infraestructura. Según explicó el secretario de Energía provincial, Alfredo Pedrali, la línea de extra alta tensión fue desarrollada a partir de un esfuerzo conjunto entre distintas jurisdicciones.
San Juan financió aproximadamente la mitad del proyecto, mientras que el resto del capital fue aportado por otras provincias involucradas, como Mendoza y La Rioja. El objetivo era claro: generar un corredor energético que permitiera integrar sistemas eléctricos y potenciar el desarrollo productivo a escala regional.
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Desde esta perspectiva, otorgar el uso prioritario a una sola empresa implicaría alterar el espíritu original de la inversión pública, que buscaba beneficiar a múltiples actores y territorios.
Riesgos para el desarrollo del Valle del Bermejo
La Rioja advierte que la exclusividad solicitada por Vicuña SA podría bloquear el acceso a la infraestructura para otros proyectos en curso, afectando directamente su estrategia de desarrollo energético y productivo.
Entre las iniciativas comprometidas destacan:
- Nueva infraestructura eléctrica: conexión entre La Rioja Sur y futuras estaciones transformadoras en Villa Unión y Jagüé.
- Integración Cuyo-NOA: cierre del anillo energético que conectaría sistemas desde el sur hacia Catamarca.
- Impulso productivo regional: disponibilidad de energía para proyectos mineros y otras actividades económicas en el Valle del Bermejo.
Según la autoridad regional, limitar el acceso a la línea implicaría dejar fuera a la provincia de un corredor clave para su crecimiento, afectando tanto inversiones actuales como futuras.
Escalada institucional y posible judicialización
El conflicto ya ingresó en una fase institucional más compleja. El ENRE deberá evaluar las distintas oposiciones en una audiencia pública solicitada por provincias, municipios y actores privados.
No obstante, desde La Rioja anticiparon que no descartan acciones judiciales en caso de que el organismo regulador valide la solicitud de Vicuña SA. La postura refleja el nivel de tensión generado por el caso, que enfrenta intereses empresariales con estrategias de desarrollo territorial impulsadas desde el sector público.
Energía y minería: una disputa estructural
El caso evidencia un problema estructural en el desarrollo minero y energético en la región: la competencia por infraestructura crítica. La disponibilidad de líneas de transmisión de alta capacidad se ha convertido en un factor determinante para viabilizar proyectos, especialmente en zonas con alto potencial minero.
En este contexto, la definición sobre el uso de la línea de 500 kV no solo tendrá efectos sobre un proyecto en particular, sino que podría sentar un precedente relevante sobre el acceso y la gestión de infraestructura estratégica en Argentina.
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