El litio en Bolivia volvió a quedar en el centro del debate político y económico luego de que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reconociera que el Ejecutivo evalúa técnica y legalmente los contratos firmados con empresas de China y Rusia, sin descartar su ruptura si se detecta daño económico para el país, según declaró en entrevista con ERBOL.
La revisión se da en un contexto donde los acuerdos siguen sin luz verde legislativa y con un historial de controversias por su tramitación reservada y el alcance de sus cláusulas, en una discusión que ya venía escalando en Bolivia y que también ha sido seguida de cerca en la región, como se detalló en la revisión anunciada bajo el nuevo escenario político boliviano.
Qué está evaluando el Gobierno boliviano
Espinoza afirmó que el Ejecutivo realiza una revisión “técnica y legal” de los convenios aprobados de manera reservada por la administración anterior. Aunque cuestionó la falta de transparencia en la forma en que se dispuso de recursos naturales, sostuvo que la “fe del Estado” quedó comprometida, lo que obliga a actuar con cautela al momento de definir si se reconocen, renegocian o denuncian los contratos.
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En ese marco, el ministro advirtió que Bolivia arrastra antecedentes de incumplimiento de compromisos estatales, factor que —según su postura— afecta la confianza internacional y eleva el costo político y económico de una decisión apresurada.
“Si hay daño económico, se romperán”: la señal que encendió la alerta
El punto más directo del mensaje fue la posibilidad explícita de terminar los contratos si el análisis detecta perjuicios para el país. En sus declaraciones, Espinoza indicó que, de hallarse cláusulas que comprometan recursos nacionales o generen daño económico, “serán denunciadas y se romperán los contratos o se tomará el mejor camino posible”, según el registro de ERBOL.
El ministro también enmarcó el tema como una discusión de Estado, donde una definición precipitada podría agravar el deterioro de la credibilidad del país frente a inversionistas.
Qué contemplan los contratos con China y Rusia, según la estatal YLB
Los acuerdos se conectan con el viraje tecnológico de Bolivia hacia la Extracción Directa de Litio (EDL). En una nota institucional, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reportó que el proceso de selección de empresas y tecnologías se inició en 2021, con interés de más de 21 compañías internacionales y pruebas de pilotaje posteriores. YLB indicó que las tecnologías evaluadas mostraron tasas de recuperación entre 80% y 90%, frente a menos de 25% del esquema de evaporación, de acuerdo con su reporte oficial de julio de 2025.
En ese documento, YLB detalló dos puntos operativos clave:
- Contrato con Uranium One Group (Rusia): firmado en septiembre de 2024 para una planta EDL y carbonatación en el Salar de Uyuni (Potosí), con capacidad de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.
- Contrato con CBC Hong Kong CBC Investment Limited (China): contrato de servicios para producir carbonato de litio en Uyuni, con dos plantas industriales y una producción escalonada de 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.
Aprobación legislativa pendiente y conflicto político
Espinoza sostuvo que los contratos todavía no han sido aprobados por la Asamblea, requisito para su ejecución. En la misma línea, YLB informó que ambos acuerdos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024, conforme a la Constitución, y que desde entonces su tramitación permanece paralizada, según la nota oficial de la estatal.
El debate se reactivó tras declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien señaló que se respetarían los contratos, lo que detonó críticas públicas, incluida la de la diputada potosina Lissa Claros, según la misma cobertura de ERBOL.
Un telón de fondo de mercado que presiona decisiones
La discusión ocurre en un momento en que el mercado del litio sigue mostrando volatilidad y reacciones rápidas ante señales regulatorias y de oferta, como reflejó el reciente salto del contrato de carbonato de litio en China. En paralelo, en Chile también se mantienen debates institucionales sobre gobernanza y control del mineral, como ha ocurrido con las revisiones y cuestionamientos a contratos vinculados al litio.
Lo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa
Con los antecedentes disponibles, la posición oficial expresada por el ministro de Economía se concentra en tres definiciones:
- Evaluación técnica y legal de los contratos y su impacto económico.
- Cautela institucional por la “fe del Estado” comprometida y el efecto en la confianza del país.
- Posibilidad de denuncia y ruptura si se constata daño económico o compromisos desfavorables para los recursos nacionales, según lo señalado en ERBOL.
