La franquicia tributaria del Sence se transformó en uno de los puntos más tensionados de la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno. Luego de ser rechazada nuevamente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo confirmó que repondrá el artículo en el Senado, aunque reconoció que ya no insistirá en eliminar completamente el mecanismo y optará por presentar una reformulación profunda ante la falta de respaldo político.
La votación terminó con seis votos a favor y siete en contra, repitiendo el escenario registrado previamente en la Comisión de Hacienda. El rechazo se produjo tras la negativa de parlamentarios de Renovación Nacional, partido considerado clave para la viabilidad de la iniciativa en la Cámara Alta. La discusión evidenció además una creciente molestia transversal entre diputados oficialistas y opositores, quienes criticaron que el Gobierno intentara terminar con el sistema sin presentar una propuesta concreta que lo reemplazara.
La franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) permite actualmente que las empresas descuenten impuestos asociados a programas de capacitación laboral para trabajadores, mecanismo que durante años ha sido cuestionado por presuntos abusos y deficiencias en su focalización, aunque también defendido por su impacto en formación y empleabilidad.
Ejecutivo reconoce falta de apoyo político y abre espacio para rediseño
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió durante la discusión legislativa que la estrategia original de eliminar el beneficio tributario perdió viabilidad política y confirmó que el Gobierno buscará ahora un rediseño integral del sistema.
“Nosotros pusimos como una estrategia eliminarlo, pero precisamente pasa por sentarnos a reflexionar y mirar lo que ha pasado en este programa por décadas”, sostuvo el secretario de Estado durante la sesión. El ministro agregó que el Ejecutivo espera recoger propuestas parlamentarias para avanzar hacia un mecanismo adaptado a las nuevas necesidades del mercado laboral.
La diputada Ximena Ossandón (RN), cuyo voto fue decisivo para rechazar la norma, afirmó que su bancada no busca terminar con el Sence, sino modernizarlo. Según explicó, Renovación Nacional ya presentó una propuesta alternativa al Ejecutivo y espera que ésta sea incorporada en la discusión del Senado.
“El Sence es algo que realmente le ha cambiado la vida a muchas personas, pero efectivamente ha tenido malos usos y abusos, y nosotros sabemos perfectamente cómo mejorarlo”, señaló la parlamentaria.
El giro del Gobierno refleja las dificultades que enfrenta la tramitación de la megarreforma en el Congreso, especialmente en materias que requieren acuerdos amplios para evitar derrotas legislativas en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.
Medio Ambiente aprueba parte importante de la reforma
Mientras la Comisión de Trabajo concentraba la atención política, la Comisión de Medio Ambiente avanzó en paralelo con la aprobación de varios artículos vinculados a pesca, acuicultura y permisos ambientales.
Entre las normas respaldadas figura la modificación al sistema de concesiones acuícolas, reemplazando el mecanismo de caducidad por un esquema de patentes incrementadas para sancionar el no uso de concesiones salmoneras. También se aprobó agilizar procesos ambientales relacionados con relocalizaciones y microrelocalizaciones de concesiones de salmones, reduciendo exigencias de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Otro punto relevante apunta a acelerar informes ambientales y de bancos naturales mediante un sistema de financiamiento directo administrado por Sernapesca, evitando retrasos asociados a disponibilidad presupuestaria de la Dipres.
Asimismo, la comisión dio luz verde a una norma que permitirá a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable implementar mejoras tecnológicas sin requerir una nueva evaluación ambiental, siempre que los cambios no impliquen modificaciones significativas en magnitud o duración de impactos ambientales.
La megarreforma continuará este martes en la sala de la Cámara de Diputados y el Gobierno espera despacharla al Senado durante esta semana, en medio de negociaciones que anticipan ajustes relevantes a varias de sus disposiciones más controvertidas.
