Megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast sufrió uno de sus reveses legislativos más sensibles luego que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazara un polémico artículo sobre propiedad intelectual vinculado al desarrollo de inteligencia artificial. La disposición buscaba modificar la legislación vigente para permitir que sistemas de IA utilizaran, reprodujeran y entrenaran modelos con obras protegidas —incluyendo textos, música e imágenes— sin requerir autorización previa ni pago de remuneraciones a sus autores. La propuesta generó una fuerte resistencia tanto en sectores políticos como en industrias creativas y terminó siendo rechazada gracias a votos clave de parlamentarios de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. El episodio abre un nuevo foco de tensión dentro de la tramitación de la denominada Reconstrucción Nacional, uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración.
Norma buscaba facilitar entrenamiento de modelos de inteligencia artificial
El cuestionado artículo formaba parte del artículo 8 de la megarreforma y proponía introducir modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual para habilitar el uso masivo de contenidos protegidos en procesos de entrenamiento de inteligencia artificial.
Desde el Ministerio de Ciencia defendieron la iniciativa argumentando que los sistemas actuales de IA requieren grandes volúmenes de datos para su desarrollo y que la legislación chilena mantiene zonas grises respecto de la denominada minería de datos.
Según explicó el Ejecutivo durante la discusión parlamentaria, el objetivo era “actualizar la legislación” para permitir extracción y procesamiento masivo de información sin vulnerar derechos de explotación comercial de las obras originales.
El gobierno sostenía además que una regulación más flexible permitiría generar certezas jurídicas, atraer inversión tecnológica y fortalecer capacidades locales asociadas a inteligencia artificial, sector considerado estratégico para competitividad y desarrollo digital.
La propuesta, sin embargo, generó amplio cuestionamiento debido a que eliminaba la necesidad de autorización o compensación económica para autores cuyos contenidos fueran utilizados por plataformas y modelos de IA.
Diputados de RN y UDI inclinaron rechazo de la iniciativa
La norma fue finalmente rechazada durante la votación en particular gracias a los votos de los diputados Diego Schalper y Eduardo Durán, ambos pertenecientes a Renovación Nacional.
Posteriormente, en una segunda votación, se sumó también el rechazo de Flor Weisse.
El resultado representó un golpe político para el Ejecutivo, considerando que la norma era promovida activamente desde sectores ligados al desarrollo tecnológico y al Ministerio de Ciencia.
Ahora será el gobierno quien deberá decidir si insiste en reponer el artículo durante la discusión en Sala de la Cámara de Diputados o si opta por reformular la propuesta durante el futuro trámite legislativo en el Senado.
Debate enfrenta innovación tecnológica y derechos de autor
Durante la discusión en la comisión, representantes del Ejecutivo defendieron la necesidad de modernizar el marco regulatorio chileno frente al acelerado avance global de la inteligencia artificial.
El asesor jurídico del Ministerio de Hacienda, Felipe Donoso, sostuvo que la intención del gobierno era compatibilizar desarrollo tecnológico con resguardo de derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, parlamentarios opositores a la medida plantearon que el artículo debilitaba principios básicos asociados al derecho de propiedad y a la protección de creaciones intelectuales.
El diputado Diego Schalper afirmó durante el debate que permitir el uso de obras sin remuneración ni contraprestación representaba un debilitamiento de principios fundamentales relacionados con propiedad y libertad.
La controversia refleja además una discusión que actualmente atraviesa a múltiples países respecto de cómo regular el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial utilizando contenidos protegidos por derechos de autor.
Mientras empresas tecnológicas y sectores ligados a innovación presionan por marcos regulatorios más flexibles, industrias creativas y autores advierten sobre riesgos asociados a uso no remunerado de obras, pérdida de control sobre contenidos y eventuales impactos económicos para creadores.
