La discusión de la megarreforma tributaria sumó un nuevo capítulo político luego de que el Ministerio de Hacienda respondiera oficialmente a la ofensiva impulsada por diputados del Partido Comunista y del Partido Socialista contra el ministro Jorge Quiroz. El requerimiento buscaba aclarar si el titular de Hacienda enfrentaba eventuales conflictos de interés en medio de la tramitación del proyecto impulsado por el gobierno de Reconstrucción Nacional, especialmente por las modificaciones tributarias que contemplan rebajas al impuesto corporativo y cambios al sistema de integración tributaria.
El oficio había sido promovido por los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, ambos del PC, junto al socialista Juan Santana, luego de las declaraciones de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien en una entrevista con Fast Check aseguró que “los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, en referencia a la declaración de empresas en sus patrimonios e intereses. Esa afirmación abrió cuestionamientos dentro de la oposición respecto de posibles beneficios económicos derivados de la reforma para integrantes del gabinete.
Sin embargo, la respuesta enviada este lunes por Hacienda cerró la puerta a esas acusaciones. Según el documento remitido a la Cámara de Diputados, el proyecto “no tiene incidencia en los intereses y patrimonio declarados por el señor ministro de Hacienda”, debido a que Quiroz “no cuenta con participación alguna en sociedades que podrían verse eventualmente beneficiadas” si la iniciativa es aprobada.
El punto que tensionó el debate tributario
La solicitud de fiscalización apuntaba directamente a conocer si las modificaciones propuestas por el Ejecutivo podrían impactar patrimonialmente al Presidente de la República o a ministros de Estado. Entre las medidas cuestionadas por la oposición aparecen la reducción del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.
Los parlamentarios solicitaron específicamente que Hacienda entregara una estimación del eventual aumento patrimonial que dichas medidas podrían generar en las autoridades que mantienen participación en sociedades o inversiones declaradas en sus respectivos registros públicos.
La respuesta del ministerio evitó entrar en proyecciones generales y concentró su defensa en el caso puntual de Quiroz, descartando que el ministro mantenga intereses empresariales que pudieran verse favorecidos por la reforma.
El pronunciamiento representa un alivio político para Hacienda en momentos en que la comisión de Hacienda de la Cámara se encuentra votando en particular uno de los proyectos económicos más relevantes del gobierno.
Quiroz mantiene despliegue para asegurar apoyos
Pese a la controversia, el ministro Jorge Quiroz mantuvo este lunes una intensa agenda política en el Congreso. Durante la mañana sostuvo un desayuno con la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, sector considerado clave para destrabar algunos artículos de la reforma.
Más tarde asistió a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia que retomó la discusión en particular de la iniciativa y donde el Ejecutivo busca consolidar respaldos más allá del oficialismo.
La estrategia del gobierno apunta a construir una mayoría transversal para sacar adelante el proyecto, especialmente luego de que algunos puntos de la reforma generaran reparos tanto en la oposición como entre economistas y especialistas tributarios.
En paralelo, la ofensiva impulsada desde el PS y el PC refleja las tensiones que la megarreforma ha generado incluso entre sectores que tradicionalmente han apoyado mayores cambios tributarios, particularmente ante el alcance de los beneficios corporativos incluidos en la propuesta del Ejecutivo.
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